Dallas.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará mañana martes argumentos en favor y en contra en el caso del adolescente Sergio Adrián Hernández Güereca –asesinado en territorio mexicano por Jesús Meza, agente de la patrulla fronteriza, quien disparó desde suelo de aquel país en junio de 2010–, para determinar si sus familiares tienen el derecho constitucional de demandar al elemento policial.

El caso llega a la Corte Suprema luego de que en abril de 2015 la corte federal de apelaciones del quinto distrito, con sede en Nueva Orleáns, dictaminó que el agente fronterizo tiene inmunidad calificada y la familia del adolescente mexicano no podía demandarlo al amparo de la cuarta enmienda constitucional –que garantiza el derecho de las personas contra registros, incautaciones y detenciones irrazonables–, dado que el adolescente era ciudadano mexicano en suelo mexicano y carecía de toda conexión significativa con Estados Unidos.

El 7 de junio de 2010 Sergio Adrián se encontraba en el lecho seco del río Bravo en el lado mexicano, en Ciudad Juárez, cuando el agente Jesús Meza Jr, que vigilaba él área en bicicleta, le disparó desde territorio estadunidense, con el argumento de defensa propia, al sostener que fue atacado a pedradas por el adolescente y otros jóvenes.

Sergio Adrián recibió un balazo en la cabeza y murió en el lado mexicano del río Bravo, sin que Meza y otros agentes fronterizos que habían acudido al lugar le prestaran ayuda. Sin embargo, a pesar de las evidencias y los reclamos, el agente Meza fue exonerado de los hechos por una corte federal.

La decisión que asuma la Corte Suprema podría tener amplias consecuencias en los incidentes de uso de fuerza mortal por los agentes de la patrulla fronteriza, varios de los cuales han disparado desde 2010 a través de la línea divisoria con México y dado muerte a cuando menos seis mexicanos, en supuestos incidentes de defensa propia, incluyendo el caso de Hernández Güereca.

El fallo de la Corte Suprema podría afectar las demandas o potenciales demandas en cuando menos cinco de estos casos.

El gobierno mexicano ha dejado en claro ante las cortes estadunidenses que un fallo en favor de los demandantes “no interferiría con la soberanía de México o crearía dificultades prácticas.

Cuando agentes del gobierno de Estados Unidos violan los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos, es una de las prioridades de México garantizar que Estados Unidos haya tomado las medidas adecuadas para responsabilizar a sus agentes e indemnizar a las víctimas, señaló el gobierno de México en una moción interpuesta en el caso.

Estados Unidos esperaría lo mismo y más si la situación fuera al revés y un agente del gobierno mexicano estando en México hubiera disparado a través de la frontera y dado muerte a un ciudadano estadunidense en territorio de Estados Unidos, indicó.