uede ser que el país no esté en crisis, sino que, como señala el presidente Enrique Peña Nieto vive un momento de desafío económico
, pero los casi 25 millones de habitantes que pueblan Ciudad de México y su área metropolitana sí padecen una severa crisis ambiental que se expresa en la calidad de vida de la población, destacadamente en cuanto a la salud. También es verdad que resolver el problema es un desafío para las autoridades de la capital del país y los estados que la rodean. La realidad prueba que no están haciendo lo suficiente para garantizar un aire limpio. Comenzando con la ausencia de la tantas veces prometida coordinación entre las entidades que conforman la megalópolis y la secretaría federal del medio ambiente.
No lo lograrán, entre otras cosas, porque el número de vehículos automotores aumenta de tal forma (ahora suman 6 millones) que las vialidades, aún las de paga, son insuficientes y se convierten en ciertas horas del día en virtuales estacionamientos. Especialmente las que comunican a las entidades vecinas con el centro de Ciudad de México. A ello se agrega la corrupción que facilita la circulación de miles de vehículos que generan contaminantes más allá de las normas establecidas. Si bien existen nuevas rutas del Metrobús y ya funciona la línea 12 del Metro, el transporte público es insuficiente, incómodo y caro, con la presencia notable de minibuses, lo que desalienta el uso de los coches particulares. La mayoría de millones de vehículos que ruedan por la megaurbe llevan apenas un pasajero, lo que muestra el fracaso del llamado a compartir su uso. Por su parte, las trasnacionales de automóviles celebran que las ventas de autos a crédito registre un máximo histórico: más de un millón el año pasado, 28 por ciento más que en 2015. En tanto, las autoridades anuncian que nos esperan tres meses muy secos y poca presencia de vientos. El resultado: mala calidad del aire y, seguramente, contingencias ambientales.
Aunque las autoridades responsables de velar por la salud pública cuentan con estudios suficientes sobre las enfermedades y la mortandad que causa la contaminación atmosférica, todavía no aparece la estrategia conjunta para prevenir los daños a la población. Menos se conoce el costo que conlleva respirar un aire enrarecido por el parque vehicular, público y privado. El mejor ejemplo del absurdo en que vivimos lo reveló la semana pasada el diario Reforma: estaban sin utilizar 20 de los 80 coches híbridos de la marca Toyota, que rentó por dos años el Poder Legislativo federal en casi 30 millones de pesos. Están destinados a los 56 diputados que presiden las comisiones ordinarias de la Cámara. Los 24 restantes se asignarían proporcionalmente a los partidos políticos que conforman dicha instancia legislativa. La ciudadanía paga con sus impuestos ese alquiler, además de la gasolina, choferes y guaruras. Y ni así los utilizan.
Pero no seamos pesimistas. Hace ocho días el gobierno de Ciudad de México presentó el nuevo Programa de pronóstico de la calidad del aire, que permitirá a la población conocer con 24 horas de anticipación si existe riesgo de contingencia ambiental por ozono y por las partículas más peligrosas, las de 2.5 micrones de diámetro. Se indicó que la contaminación citadina ha aumentado en promedio 2.4 por ciento cada año. En la ceremonia de presentación, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, apunto que con dicho programa los habitantes podremos tomar las precauciones necesarias para evitar exponernos a los índices de toxicidad
. ¿No respirar, por ejemplo? Y que sólo en 2015, la contaminación le costó al país, 600 mil millones de pesos, equivalentes a l 3.5 por ciento del producto interno bruto.
Caben dos interrogantes: dado que el aire no respeta límites geográficos, ¿el nuevo programa de pronóstico comprende también a las entidades vecinas, las que más contribuyen a la pésima calidad del aire? Y, ¿no sería mejor invertir en establecer auténticas medidas de prevención a fin de evitar que la contaminación nos cueste tanto a todos en salud y calidad de vida?