En el ejercicio del gasto en 2015, la Cámara de Diputados incurrió en una limitada rendición de cuentas, advierte el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

De los 202 millones de pesos que se destinaron para el apoyo de transporte a los legisladores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refirió que los diputados no comprobaron el uso de esos recursos para tal fin, por lo que será necesario retener los impuestos que se deriven de esa cantidad.

Mediante un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se autorizó una erogación de 500 millones de pesos más al presupuesto para destinarlo a la compra de material eléctrico, mantenimiento menor de inmuebles, equipos de software y equipamiento en construcciones. De esa cantidad, sólo se justificó 44 por ciento (223 millones) del listado de requerimientos y el monto más elevado 49.5 por ciento (247 millones) se destinó a ampliar el gasto corriente de la cámara, es decir, en salarios.

Así, en el ejercicio 2015 en la partida para transporte se ejercieron 202 millones 522 mil pesos.

El ente fiscalizador observó que, de conformidad con lo autorizado en el acuerdo, para la comprobación de estos apoyos sería suficiente el recibo electrónico o, en su caso, la firma de recibido del legislador en la póliza cheque correspondiente, por lo que al no poder acreditar su utilización para el fin otorgado se debió cumplir con el criterio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Señala que las cantidades que reciban diputados como apoyos para las actividades legislativas que no sean comprobados y destinados para los fines para los que fueron otorgados, tendrán el carácter de ingresos gravables y se les deberá efectuar la retención correspondiente.

Al acreditarse que los legisladores no utilizan esos recursos para trasladarse, el órgano fiscalizador solicita a la administración de la Cámara de Diputados que esa partida sea utilizada exclusivamente para los fines autorizados y, en caso de que no se compruebe su uso para tal fin, dichos recursos se acumulen a sus demás ingresos y se retengan los impuestos correspondientes.

En la revisión se identificó que el 30 de marzo de 2015 se emitió un acuerdo del Comité de Administración con el cual se autorizó suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda para la distribución y destino de recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas presupuestados por 500 millones de pesos.

Esa cantidad millonaria se dividiría de la siguiente forma: infraestructura 35 millones 670 mil pesos; mantenimiento 8 millones 830 mil y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles por 455 millones 499 mil pesos.

Con la revisión de la información que soporta los 500 millones de pesos autorizados, se constató que se reintegraron a la Tesorería de la Federación 28 millones 728 mil pesos.

No obstante, sólo 223 millones 798 mil pesos (44.8 por ciento) se ejercieron en los conceptos señalados en el convenio celebrado con Hacienda (conservación, mantenimiento, reparaciones, mobiliario y equipo).

Los 247 millones 472 mil pesos restantes (49.5 por ciento) se erogaron en conceptos que no guardan relación directa con la remodelación y mantenimiento del recinto legislativo y, en su lugar, se amplió el gasto corriente de la Cámara de Diputados.