n tiempos de nacionalismos imperiales y proteccionistas, como el de Donald Trump, y todavía fresco el centenario de la vapuleada Constitución de 1917, resulta oportuna una lectura de lo que los neoliberales promotores del TLCAN, manzana de la discordia entre México-EU, dejaron y borraron de un plumazo del artículo 27 constitucional.
Dichos principios, fundados en la propiedad originaria de la nación y el dominio directo de la misma, inalienable e imprescriptible, sobre sus tierras, recursos naturales, mares y aguas, establecieron el nuevo andamiaje del proyecto de nación surgido de la Revolución Mexicana, mismos que fueron enriquecidos con las sucesivas reformas constitucionales, en 1939 bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas y las dos promovidas por el presidente Adolfo López Mateos en 1960 en materia petrolera y de exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Estos fundamentos constitucionales comenzaron a ser sistemáticamente derruidos con el arribo de los neoliberales a la Presidencia de la República y en el marco de la negociación del TLCAN. Primero con Salinas de Gortari, que inició la venta de garaje de mil 100 empresas estatales y mediante una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1992, abrió las puertas a la inversión privada en la generación eléctrica. Por si fuera poco, entregó la petroquímica secundaria a la inversión del capital privado.
El proceso privatizador energético (petróleo y electricidad) continuó con los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y le correspondió a Peña Nieto completar la demolición de la soberanía energética, mediante sendas reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, eliminando el concepto clave de “exclusividad nacional“ en materia energética. Por lo mismo, pecan de ingenuos los que promueven la “unidad nacional“ en torno a Peña Nieto en la renegociación del TLCAN y frente al racismo migratorio de Trump, particularmente contra mexicanos.
Resulta innegable, más allá de los dogmas neoliberales, el papel que el petróleo y la electricidad pueden jugar en el desarrollo económico y social, sobre todo en países subdesarrollados y atrasados como México. Los ejemplos abundan a escala internacional, pero la experiencia mexicana tiene mucho que aportar al respecto, particularmente en el periodo que va de 1940 a 1970, calificado como el “milagro mexicano“ o del desarrollo estabilizador, durante el cual el petróleo y la electricidad constituyeron herramientas esenciales en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social y nacional.
Desde esta perspectiva, para construir el México con libertad, justicia y democracia con el que todos soñamos, resulta indispensable recuperar la propiedad y exclusividad de la nación sobre el petróleo, sus hidrocarburos y el servicio público de energía eléctrica. El 2018 está más próximo de lo que algunos creen, pero se necesitan acciones previas tanto en el terreno legislativo como en el de formulación de políticas públicas, al igual que de organización de la fuerza social y política propulsora de tales acciones.
En el caso del sector eléctrico las medidas favorecedoras de la privatización consistieron en mantener un margen de reserva de generación entre un 30 y 40 por ciento por encima de la demanda real de electricidad, disminuyendo las necesidades presupuestales reales de CFE y LFC (antes de su extinción-liquidación), retirando anticipadamente las plantas de generación de CFE (140 centrales eléctricas entre 2016 y 2029), bajo el falso argumento de que han agotado su vida útil. Todo ello con el propósito de justificar y promover la entrada masiva del capital privado en toda la cadena productiva de CFE, comenzando por la generación eléctrica. En el caso de Pemex, particularmente durante el periodo neoliberal, fue su creciente descapitalización, mediante una política impositiva única en el mundo, la prohibición de construir plantas de refinación y de inversiones en su cadena productiva, donde se genera el mayor valor agregado.
Para frenar y comenzar a revertir el proceso privatizador desnacionalizador de los energéticos pactado en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), urge dejar fuera el petróleo y la electricidad del marco expoliador del TLCAN para evitar cualquier tentación de una mayor privatización; parar de tajo el desmantelamiento de CFE y Pemex. Construir las refinerías que sean necesarias para dejar de importar las gasolinas que México consume. Formular una política tarifaria eléctrica que aliente el crecimiento industrial, de servicios y reactive el campo mexicano, hoy abandonado su suerte. Atender la demanda de millones de usuarios de electricidad que reclaman una tarifa social eléctrica frente a los exiguos salarios, y el borrón y cuenta nueva frente a los abusos CFE.
Sin duda alguna, frente al embate declarativo y de facto de Donald Trump, que insulta y denigra al pueblo de México, sobre todo a sus migrantes, se requiere fortalecer los principios básicos de la política exterior mexicana contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero igualmente urge tomar las medidas necesarias, entre las que destacan frenar el proceso privatizador y dar los pasos necesarios para avanzar en la renacionalización del sector energético. Sin recuperar el petróleo y la electricidad en manos de la nación, México no tiene futuro. Sin una industria energética integrada y renacionalizada con todo y sus cadenas productivas, que ponga el acento en la investigación y formación, no hay salida. Tomará algunos años, pero la unidad que reclama México es la de abajo y a la izquierda, nacionalista, democrática y mirando al sur, no con quienes nos condujeron al despeñadero.
