Cuernavaca, Mor.

En lo que va de la administración del gobernador perredista Graco Ramírez han desparecido 318 personas en Morelos, sólo han localizado 72, y de las otras 246 se desconoce su paradero. Los municipios que reportan más casos son Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco, informó Susana Díaz Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Señaló que la información fue obtenida de las estadísticas que elabora la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales indican que de las 72 personas localizadas 43 son mujeres y 29 hombres.

En esta administración la violencia se ha incrementado de manera alarmante; los desaparecidos son una cara de la violencia que vivimos en la entidad. Sabemos que por cada cédula de búsqueda y localización hay dos que no se emiten, aseguró la activista.

Indicó que ante esta emergencia de 182 mujeres y 136 hombres desaparecidos entre octubre de 2012 y enero de 2017, se requieren registros claros y eliminar el plazo de 72 horas para comenzar a buscar a las personas extraviadas, pues las primeras horas son las más importantes para hallarlas con vida.

El coordinador del Foro de Abogados de Morelos (FAM), Pedro Martínez Bello, pidió la salida del comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra. Consideró que ha sido ineficiente para prevenir los delitos y, en consecuencia, los asesinatos y secuestros, que no cesan en la entidad.

Han ocurrido 99 asesinatos

Dio a conocer que en lo que va del año han ocurrido 99 homicidios. El pasado martes un abogado de Yautepec fue secuestrado y asesinado en Jiutepec. Con él, suman 17 litigantes a los que les han quitado la vida en esta administración.

Afirmó que la FGE, la Comisión Estatal de Seguridad y la Unidad Especializada contra el Secuestro no cumplen con su función, por lo que la estrategia de seguridad fracasó, como pasó en administraciones anteriores, las cuales fueron encabezadas por gobernadores panistas y priístas.

Criticó la inversión de más de mil millones que el gobierno del estado efectuó en el centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo (C5), el cual no ha prevenido los delitos en la entidad y que elementos de la Policía de Investigación Criminal fabriquen delitos contra los habitantes.

Miguel Maldonado Coria, integrante del FAM, señaló que en la mitad de los casos que ha atendido hay evidencias de que los policías irrumpen sin órdenes de cateo en domicilios, detienen a personas sin cumplir los protocolos judiciales y violentan los derechos humanos, lo que ha provocado que los jueces dejen en libertad a los detenidos y los casos queden en la impunidad.