La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio carpetazo a una investigación sobre el desempeño de altos funcionarios que recortaron una lista de electores en Chiapas, a partir de lo cual se cometió un fraude cibernético en las votaciones del diputado migrante.

El subcontralor de Asuntos Jurídicos, Roberto Javier Ortega Pineda, informó a la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la conclusión del presente expediente por improcedencia, toda vez que las conductas denunciadas no son competencia de esta contraloría general y no se advierten elementos probatorios que permitan configurar causas de responsabilidad administrativa.

En 2015 se descubrió una trama que implicó el uso de la base de datos del instituto para dar de baja a miles de ciudadanos chiapanecos que de pronto aparecieron como residentes en 42 países, la mayoría en Estados Unidos, pero también en otros como Uganda, Armenia, Liberia, Cabo Verde y Trinidad y Tobago.

Los registros de dichos ciudadanos fueron utilizados en las elecciones de 2015 para inflar la votación a favor del entonces militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Roberto Pardo Molina como diputado migrante en Chiapas, quien fue desa­forado y está bajo proceso penal, aunque libre porque consiguió un amparo.

Su primo Vicente Manzur Molina también está bajo proceso, ya que era el dueño de la empresa DSI Elecciones, que organizó el voto en el extranjero.

La representación del sol azteca solicitó el año pasado al contralor que investigara la responsabilidad de René Miranda Jaimes, titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (Derfe) del INE, y de dos colaboradores suyos por no resguardar la información del padrón y de la lista nominal de electores, lo que provocó la exclusión indebida de 10 mil ciudadanos.

También pidió que se dilucidara la responsabilidad de Alejandro Andrade Jaimes, coordinador de Procesos Tecnológicos, y Félix Manuel de Brasdefer Coronel, director de operaciones, ambos adscritos a la Derfe, así como de los siete consejeros ya destituidos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas y de otros cuatro funcionarios que trabajaban en ese organismo y tenían a su cargo el voto en el extranjero.

Sin embargo, en el oficio fechado el 27 de enero, de apenas hoja y media, se anuncia –sin dar mayores detalles– que se archivará el asunto como total y definitivamente concluido, con base en las razones y argumentos expuestos en las consideraciones del presente acuerdo.

Desde que se inició este procedimiento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, descartó que fuera remover a algún funcionario del organismo por no haber evitado este fraude cibernético, argumentando que la Derfe cumplió con un convenio, que consistía en confeccionar la lista nominal que sería utilizada en las elecciones en Chiapas.

Si bien el INE cerró este caso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene otro expediente abierto para esclarecer quiénes fueron los responsables de ese fraude. Se presentaron varias denuncias penales, entre ellas las del PRD contra los funcionarios del INE y del organismo público local electoral.