Amenaza los derechos indígenas, señalan
Viernes 3 de febrero de 2017, p. 41
Organizaciones consideraron que el marco jurídico en el rubro forestal se debe modificar, pero no ha habido foros ni consultas públicas sobre la iniciativa de ley al respecto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a pesar de que se han solicitado. Advirtieron que esa propuesta se busca aprobar en el primer periodo de sesiones de este año de la Cámara de Diputados, que comenzó el miércoles.
Esta iniciativa implica un riesgo de regresividad en materia de derechos indígenas y campesinos, no está alineada a las reformas constitucionales de derechos humanos y no promueve la legalidad ni la transparencia. La iniciativa tampoco recoge las preocupaciones de comunidades, productores, académicos, prestadores de servicios técnicos forestales ni representantes de la sociedad civil, señalaron la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y otras organizaciones.
Gustavo Sánchez, de la red Mocaf, sostuvo que los bosques y la gente que vive en ellos deben ser el eje rector de esta legislación y que no puede aprobarse una ley que les dé la espalda y no resuelva sus problemas.
El Partido Verde presentó la iniciativa el 20 de septiembre pasado sin contemplar temas para llevar a un verdadero desarrollo forestal con un enfoque centrado en el manejo comunitario y al mismo tiempo garantizar la conservación de los bosques, indicaron las organizaciones.
Apelaron a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Proponemos una convocatoria conjunta del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada
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Apuntaron que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo.