En su primera sesión del año, el Senado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal para sancionar severamente a quienes colaboren en la fuga de internos en las cárceles; incrementa las penas a los reos que escapan y sanciona con casi 27 años de cárcel a los funcionarios que les ayuden a evadirse.

Asimismo, con las modificaciones se podrá sancionar a los ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, y a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, cuando favorezcan la evasión de algún detenido, procesado o condenado.

Con estos cambios al Código Penal Federal se busca castigar a los malos servidores públicos que, violando la confianza que en ellos se deposita, hacen de la función pública un medio para satisfacer sus intereses particulares, anteponiendo éstos a los del orden público.

Esta enmienda se realiza para que quienes ayuden o permitan la fuga de reos, como el caso de Joaquín Guzmán Loera, sean castigados, y se sancione la impunidad y la corrupción.

Los senadores derogaron el artículo 151, que hoy exenta de sanción a los familiares que ayuden a que un reo se fugue; modificaron el artículo 154, para establecer una penalidad para el prófugo, de seis a tres años de prisión más, una vez que sea reaprehendido.

De igual forma, los legisladores modificaron el artículo 153, para precisar que si la reaprehensión del prófugo se logra por gestiones del responsable de la evasión, se le sancionará con hasta 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Asimismo, en la sesión, el Senado avaló el decreto que deroga la fracción tres del artículo 146 del Código Penal Federal para eliminar la figura de corsarios, considerados piratas en el ámbito marítimo.

También el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Educación, con lo que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a poner a disposición de la comunidad escolar los libros de texto gratuitos y materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso.

Ayer el Senado recibió formalmente la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto, para que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el fin de otorgar facilidades a los migrantes que sean repatriados de Estados Unidos para que se puedan incorporar al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.

Por tratarse de una iniciativa con carácter de preferente, deberá ser discutida y avalada por el pleno del Senado en un plazo máximo de 30 días naturales.