El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo que rebaja 10 por ciento los salarios de 32 altos mandos y aseguró que se pueden suspender otros gastos más onerosos.

Nacif lo hizo saber este jueves al consejero presidente, Lorenzo Córdova, mediante una carta donde señaló que la sala superior deberá determinar la legalidad y la constitucionalidad de estas medidas de austeridad, anunciadas el 11 de enero después de los escándalos que provocaron los gastos en la remodelación de sus instalaciones, en teléfonos celulares y aguinaldos.

También consideró que existen otras medidas alternativas que podrían generar ahorros mucho mayores sin violentar la Constitución ni afectar derechos, sobre todo porque esta reducción salarial sólo generaría remanentes por 11 millones de pesos, equivalentes a 0.1 por ciento del presupuesto operativo del instituto.

Planteó que conviene definir si la Junta General Ejecutiva excede sus atribuciones legales y altera las condiciones para el ejercicio del cargo de forma autónoma e independiente y, con ello, el correcto funcionamiento del INE.

Citó varios artículos de la Constitución para advertir que los salarios de los servidores públicos serán fijados en el presupuesto correspondiente sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo o que éstos puedan renunciar a los mismos.

Además, agregó el consejero del INE que la protección de los derechos exige que los titulares de estos órganos estén exentos de presiones internas y externas en el desempeño de sus atribuciones. Sobre esta base se han declarado inconstitucionales las reducciones del salario a lo largo de la duración del encargo.

Austeridad en otras áreas

En cuanto a las partidas que pueden suspenderse, propuso revisar si es necesario contratar consultorías externas, como las que solicita la Unidad Técnica de Planeación para estudios sobre la organización institucional, en los que el INE ha erogado en años pasados decenas de millones de pesos sin obtener aún resultados tangibles.

Consideró necesario analizar si se justifica ejercer 27.3 millones de pesos en estudios y actos sobre la calidad de la ciudadanía.

De igual forma, pidió valorar alternativas a la adquisición de plantas de electricidad para cada una de las juntas locales y distritales por 84.9 millones de pesos, que realmente sólo se requieren para casos de emergencia.

Al final de su misiva, manifestó que sería un error confundir la defensa de la legalidad con el rechazo a la austeridad y manifiestó su respaldo a la devolución del INE de mil 70 millones, destinados a la construcción de unas torres gemelas.