osé Manuel es un alumno que cursa el primer año en la telesecundaria de La Nopalera, municipio de Apatzingán, en Michoacán, ubicada en la zona conocida como Tierra Caliente. Tiene 13 años de edad, pero no es el mayor en su grupo, su mejor amigo ya cumplió los 16; sin embargo, eso no es raro en los estudiantes matriculados que han sido rechazados, expulsados o reprobados de las secundarias técnicas y generales de la ciudad, sobrepobladas hasta con 60 alumnos por salón.

Desde que inició el ciclo escolar, José Manuel no pudo pagar 14 pesos diarios de transporte urbano y menos podrá ahora que subió a 16, así que los días de escuela tiene que andar a pie varios kilómetros por senderos improvisados de terracería; algunos son viejos caminos que conectan a las comunidades rurales, en los que ya sólo transitan jornaleros y los grupos delincuenciales para el trasiego de droga, evitando las carreteras federales y los retenes militares.

Durante los 30 minutos que hace de su casa a la escuela, reconoce bien las parcelas de limón porque ha estado ahí. Él, junto a otros de sus compañeros, es parte de los 2 millones y medio de menores que entre los cinco y 14 años de edad tienen que trabajar para sobrevivir, de otro modo sería imposible que siguieran estudiando; las ausencias por trabajo que comienzan de uno a dos días a la semana en la escuela, ocasionalmente se vuelven definitivas hasta que se ven obligados a abandonarla por completo.

Hace varios años que José Manuel ya no vive con sus padres, sino con sus tíos, quienes trabajan en la informalidad y residen en una colonia en la que se aprecian multitud de casas hechas de cartón, hule y madera. El asentamiento creció en los márgenes urbanos, entre la carretera federal rumbo a Cuatro Caminos y la zona ejidal de La Nopalera Oriente, ambos han sido escenarios recurrentes de violencia.

En el tramo carretero se han suscitado infinidad de narcobloqueos, tiroteos, robos de autos a mano armada y hasta feminicidios; en las calles aledañas a la escuela, persecuciones, secuestros y ejecuciones. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas siete personas de la comunidad, entre ellas el fundador local de las autodefensas, baleado unas horas después de que Silvano Aureoles y José Antonio Meade, entonces secretario de la Sedesol, asistieran a la cabecera municipal el Día del Niño, rodeados de militares y federales, para promocionar programas de ayuda a huérfanos y viudas, víctimas de la violencia.

Ante esta situación, común en diferentes zonas de Michoacán, pero también de todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad, cuando ellos son víctimas del contexto que los rodea y de un currículo carente de calidez humana, centrado en fines desprovistos de sensibilidad y sentido trascendente para la personalidad, como el de alcanzar la calidad empresarial.

No obstante que la falta de recursos económicos y las lejanas distancias se encuentran entre los factores centrales del abandono escolar, la SEP plantea el cierre de centros escolares a través de su programa de reconcentración, cuyo plan piloto inicia este año en zonas urbanas; la amenaza pesa sobre escuelas como la de José Manuel, insertas en pequeñas comunidades que fueron absorbidas por la ciudad, pero que se resisten a los cambios de la vida urbana, también sobre las periferias miserables a donde las familias fueron excluidas y que serían más excluidas aún sin la posibilidad de sus hijos para crecer en el estudio.

Es evidente que el gasolinazo no frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Peña Nieto y Aurelio Nuño que lo tendría; al contrario, impactará negativamente, porque la escasa economía familiar golpeada por las constantes y desmedidas alzas de los precios, seguirá siendo un factor cada vez más decisivo en la exclusión de los niños que no ingresan a las aulas y la deserción de otros muchos que las abandonarán por falta de recursos económicos.

Datos sustentados por las investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) muestran que con el aumento del salario a 80 pesos, no se alcanza a cubrir ni 40 por ciento de la canasta básica recomendable. Otros estudios indican que antes del gasolinazo y la oleada de aumentos de precios, 40 por ciento de la población vivía en pobreza laboral, lo que significa que este año las personas sin acceso a lo básico para sobrevivir superarán los 50 millones.

En estas circunstancias, para las familias como la de José Manuel pensar en gastos extraordinarios: uniformes, calzado, transporte y completar los útiles escolares, hace de la educación un derecho cada vez más inalcanzable. Alejar los centros escolares de donde los menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida con políticas económicas irresponsables, es condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y abandonarlos, como ya se hizo con los otros 3.8 millones que no van a la escuela.

* Doctor en pedagogía y maestro de telesecundaria