Organizaciones de la sociedad civil, nacionales y del estado de Chihuahua, exigieron el cese de las campañas de desprestigio en contra de la abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.

Además, demandaron el cumplimiento de todas las medidas de protección acordadas en su caso, algunas de ellas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que se investiguen con debida diligencia todas las agresiones sufridas por ella y su familia.

En un pronunciamiento colectivo suscrito por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos, se condena de manera enérgica las difamaciones en contra de la abogada y algunos integrantes de las comunidades indígenas que ella representa legalmente.

Señalan que el hostigamiento se da en reacción a la obtención de más de 30 sentencias favorables al pueblo rarámuri de Baqueachi, para restituirle unas 22 mil hectáreas de su territorio, en contra de ganaderos que han pretendido despojarlos de estas tierras.

Esta defensa, que sólo en el terreno legal lleva más de dos décadas, ha estado marcada por decenas de asesinatos de miembros de la comunidad rarámuri de Baqueachi, entre ellos el ocurrido en diciembre de 2010 en contra del abogado Ernesto Rábago Martínez, esposo de Estela Ángeles Mondragón.

En reiteradas ocasiones, la abogada ha sido amenazada y agredida por su tenaz defensa del territorio ancestral de comunidades indígenas rarámuri en el estado de Chihuahua, situación por la que le han sido otorgadas medidas cautelares y fue incorporada al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.