A pesar de estar en curso una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de un juez federal y de su esposa (funcionaria judicial), por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió no iniciar un procedimiento administrativo a ambos funcionarios.

El 22 de junio de 2016, la mayoría del CJF –órgano encargado de la administración, organización y disciplina de los juzgadores federales– resolvió no continuar con la indagatoria sobre el juez Alonso Javier Robles Padilla y su esposa Laura Montes López, secretaria técnica del propio consejo, a quienes se les había abierto un procedimiento por recibir contraprestaciones distintas a sus ingresos como juez de distrito, adquisición sospechosa de bienes (casas y departamentos), realización de múltiples viajes al extranjero en un breve plazo y falta de veracidad en su declaración patrimonial (en el caso de ambos).

En un voto particular en contra de la decisión, el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández precisó que de 2011 a 2013 el juez no acreditó fehacientemente el origen de recursos para la compraventa de inmuebles por más de 14 millones de pesos, así como tampoco explicó el pago de terceras personas a su favor para la adquisición de esas viviendas.

La sospecha sobre presuntas irregularidades en la actuación del juzgador originó que el pleno del CJF decidiera el 26 de noviembre de 2014 investigar a dichos funcionarios. El 22 de junio de 2016 determinó que no había elementos para fincar un procedimiento administrativo, a pesar de que quedaron sin solventarse peticiones a diversas autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Registro Público de la Propiedad y la Comisión Bancaria y de Valores para aclarar si Padilla incurrió en algún acto ilícito entre junio de 2011 y el 19 de noviembre de 2013.

El pleno del consejo se basó en un peritaje presentado por la defensa del juez Padilla, el cual reclasificó los abonos y depósitos de las cuentas de los investigados, aunque reconocía que no fue posible identificar el origen de algunos de los recursos involucrados.

Tafoya Herández, en su voto particular, impugnó la validez de dicho peritaje, el cual detalla la compra de una casa en Camino de Santa Teresa, Zacayucan Peña Pobre, Tlalpan. El documento señala que previamente la pareja había adquirido un inmueble en la colonia Jardines del Pedregal con valor de 8 millones 700 mil pesos (la cual vendieron), por lo que se deduce que los recursos obtenidos de la comercialización de esta vivienda posiblemente fueron aplicados a la compra de la casa de Camino de Santa Teresa.

El consejero argumentó que son datos aislados que no precisan de dónde surgieron los recursos para adquirir la casa con valor de 14 millones 100 mil pesos.

También señala que el peritaje no demuestra que el juzgador hubiera recibido un millón 550 mil pesos en préstamo de la abuela materna de la cónyuge (Lucía Ramos Oropeza, un millón 50 mil pesos) y Luis Felipe Vázquez Díaz (500 mil).

Concluyó que el peritaje citado contiene inconsistencias que no pueden minimizarse, ni dispensarse, además de que hay serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones patrimoniales de los cónyuges en los años referidos.

En razón de lo anterior, el consejero insistió en que continuara adelante la indagatoria para deslindar responsabilidades.