asi al mismo tiempo el ex presidente Ernesto Zedillo y el empresario Carlos Slim se pronunciaron acerca del conflicto abierto con el gobierno de Donald Trump y las posibles alternativas para el gobierno de México.

Zedillo escribió un artículo en el Washington Post (27/1/17) en el que descalifica las posiciones de Trump con respecto a los efectos adversos del TLCAN en la economía de su país, y de modo paralelo ensalza las medidas reformistas del presidente Peña.

Slim, por su parte, luego de haberse reunido con Trump hace unas semanas, resaltó el talante negociador de aquél y propuso que los mexicanos nos volquemos al mercado interno para que esta economía crezca. No es muy claro el sentido de sus dos proposiciones.

Del artículo de Zedillo interesa destacar el señalamiento de que las acciones de Trump cierran, por ahora, las posibilidades de un acuerdo negociado entre ambas partes. Afirma que el TLCAN ha sido un excelente instrumento, pero es solo uno entre muchos otros disponibles para perseguir las metas de crecimiento y desarrollo económico. Esto recuerda el dicho popular de que, “una vez ahogado el niño…”

Concluye que México debe reforzar su compromiso con la apertura y las sólidas políticas económicas. No podemos permitirnos hacerlo de otra manera.

El ex presidente es consistente en este modo de pensar, pues cuando implementó las políticas de su propio gobierno afirmaba que no había de otra. ¿Es que nunca hay de otra?

El caso es que el impacto del excelente instrumento que representó el TLCAN se manifestó de manera muy desigual. Hay que admitir que la medición convencional del PIB no expresa de modo efectivo lo que pasa de modo general en la economía. Esta se ha expandido más de lo registrado. Esa es una cosa y otra imprescindible es tratar cómo y con qué consecuencias.

Por supuesto que un sector productivo como el automotriz especialmente, y algunos otros también, tuvieron un dinamismo notable, con un derrame hacia actividades conexas y un efecto regional identificable. Pero otros sectores no respondieron igual y otros, de plano, prácticamente desaparecieron del mapa.

Muchas ciudades cambiaron su fisonomía con la construcción, como ocurrió con la vivienda, aunque esas áreas contrastan mucho con las de interés social y la precariedad de la población más pobre.

La productividad general de la economía no se amplió correlativamente con los efectos de la apertura y el nivel de ingreso de una gran parte de los hogares se rezagó y creció la fragilidad de las ocupaciones y también la informalidad.

Los servicios públicos decayeron en su cobertura y calidad, el sistema de pensiones no cumplió con las expectativas de la privatización. Pemex quebró y consumió una gran suma de recursos públicos. Etcétera, etcétera, etcétera.

Así que en el contexto actual que se ha creado de modo rápido y contundente con la llegada de Trump, no parece la mejor opción insistir en las fórmulas técnicas y políticas conformadas alrededor del TLCAN.

Dice Zedillo que México debe afianzarse como un lugar propicio para las inversiones globales que produzcan para este mercado y para otros y sin intimidaciones por parte del gobierno. Concluye que el gobierno debe usar los medios legales para impugnar cualquier acción arbitraria o ilegal que imponga Trump. Como si las reglas le importaran demasiado por ahora.

Hasta aquí la versión de Zedillo es compatible con la de Slim y el énfasis en el mercado interno. Pero así planteadas son visiones muy parciales e insuficientes.

Durante mucho tiempo se ha debatido acerca de la necesidad de alterar las pautas de las políticas públicas impuestas durante las tres últimas décadas.

Esto exige un cambio radical en la gestión de la economía y en el comportamiento político que se ha asentado profundamente en el país.

No es posible modificar de modo sensible el funcionamiento de la economía sin un ajuste real de las finanzas públicas. Estas siguen tercamente centradas en la exacción de recursos de la sociedad sin la contraparte que esto exige. Sobre todo en un entorno en el que prevalece la corrupción endémica.

La promoción del mercado interno no surgirá de ninguna mano invisible. Tal vez, finalmente, se admitirá lo obvio: la política industrial sí es parte de la caja de herramientas.

La producción interna que es esencial, no puede soportarse en una estabilidad macroeconómica que, como ha quedado claro, no es una condición suficiente y se acaba de sopetón. La austeridad está muy mal repartida. Se reproducen constantemente los desajustes estructurales y la pautas de la concentración de la riqueza.

La gestión existente en todos los niveles del gobierno, en los partidos políticos y las instituciones públicas tampoco puede sostener un cambio de modelo de crecimiento. Así no se logra usar los instrumentos de la apertura comercial y financiera y, al mismo tiempo, alentar la inversión privada y pública y las pautas de consumo que exige la expansión del mercado interno. Insistir en ello no es solo terquedad.

Este gobierno exhibe una gran limitación para conseguir los objetivos de crecimiento que ahora imponen las condiciones externas. Esto va mucho más allá del TLCAN y de la ahora conflictiva relación con Estados Unidos. Tiene que ver con el modo en el que se asignan y se desempeñan las funciones públicas. Tiene que ver con la forma en la que se cumplen las responsabilidades y se rinden cuentas. El asunto es ahora muy visible en el campo de las relaciones exteriores, la hacienda pública y el comercio. Se ve a leguas en la forma en que se legisla y se procura la justicia.