Guadalajara, Jal.

La comunidad wixárika (huichola) de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños anunció la creación de una policía comunitaria que empezará a operar cuando se ordene reanudar la restitución de tierras a indígenas en Huajimic, Nayarit.

Se reclutará a un grupo de comuneros convencidos para defender nuestra comunidad, porque el gobierno mexicano no nos garantiza seguridad, dijo Ubaldo Valdez Castañeda, secretario de bienes comunales de San Sebastián y Tuxpan.

Acompañado de Miguel Vázquez Torres, presidente del comisariado de bienes comunales de la misma demarcación del norte de Jalisco, Valdez Castañeda afirmó que la policía comunitaria wixárika seguirá el ejemplo de Cherán y Ostula, Michoacán, que recuperaron la seguridad por medios propios.

El pueblo wixárika, aseguró, no busca desafiar al Ejército ni a otras instituciones, sino garantizar la seguridad. No vamos a permitir que un wixárika sea retenido o lastimado, agregó.

Según Ubaldo Valdez, además de las órdenes de restitución de tierras, su comunidad padece abigeato y robos comunes, pero las autoridades de Jalisco y de Nayarit sólo patrullan en caravanas y se van.

Los wixaritari han ganado 13 juicios agrarios a posesionarios en Huajimic y no habían pedido la ejecución de las sentencias pendientes porque en septiembre pasado, cuando se les devolvió el primero de decenas de predios en Huajiimic, acordaron dialogar con ganaderos para buscar una solución negociada.

Los posesionarios no fueron indemnizados por el programa federal de atención a conflictos agrarios en zonas rurales, y retuvieron a funcionarios del Tribunal Agrario de Tepic, Nayarit, que acudieron a esa primera ejecución, y a dos wixaritaris que llevaban víveres a sus compañeros.

El 23 de septiembre se inició el diálogo y se acordó una tregua de cuatro meses, pero ayer se rompieron las negociaciones por falta de resultados. Por ello, la comunidad reactivará los juicios agrarios y demandará la ejecución de sentencias, advirtió Valdez Castañeda.

Dijo que la mesa, cuyo objetivo era que se indemnizara a los posesionarios de Huajimic, fracasó porque el gobierno federal no contribuyó a lograr una solución.

En el predio restituido en septiembre pasado, de 184 hectáreas, se han instalado dos familias indígenas (unas 10 personas), pero habitantes de las comunidades de Tuxpan y San Sebastián realizan rondines, bajan por barrancas para evitar entrar a Huajimic y vigilan el territorio recuperado, además de llevar alimentos a los ocupantes.

Dirigentes indígenas acusaron al fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, de criminalizar a los wixaritari en Huajimic. Según Ubaldo Valdez, el funcionario estatal sugirió a ganaderos mestizos sembrar estupefacientes en las tierras rescatadas y acusar a los indígenas.