as medidas antinmigratorias ordenadas por Donald Trump desde el arranque de su mandato han generado una onda de choque que puede sentirse en todo el mundo, pues el singular peso de Estados Unidos como destino de los flujos migratorios globales hace que las decisiones de este país impacten de manera palpable no sólo en sus naciones vecinas, sino en prácticamente toda la cadena migratoria, incluyendo a las naciones de origen y de destino de los viajeros.
A poco más de una semana de que el multimillonario asumió la Presidencia, puede constatarse que además del brusco desorden ocasionado en el comercio mundial por sus políticas proteccionistas, contrarias a la lógica de la globalización neoliberal, su decisión de convertir a la potencia mundial en una fortaleza contra el ingreso de seres humanos se ha traducido en obstáculos adicionales a flujos migratorios que ya antes resultaban caóticos, atropellados y proclives a generar todo tipo de abusos contra las personas que dejando sus países buscan mejorar sus condiciones de vida o ponerse a sí mismas y a sus seres queridos, a salvo de regímenes autoritarios o situaciones bélicas.
El furor antinmigrante con el cual Trump conquistó el favor de los votantes más reaccionarios se vio plasmado en su actuar gubernamental el miércoles 25, cuando firmó decretos para iniciar la construcción del muro fronterizo con México, ampliar la detención y expulsión de extranjeros indocumentados, y tomar represalias contra las llamadas ciudades santuarios, aquellas que han optado por integrar a sus comunidades migrantes y cuyas autoridades ven en la diversidad un valor que define su propia identidad, entre las cuales destacan Los Ángeles y Nueva York.
A los frentes abiertos contra México, las autoridades locales de decenas de ciudades, e incluso propietarios de terrenos por donde pasaría el muro, se sumó el viernes 27 un decreto que suspende durante 120 días el proceso de admisión de refugiados musulmanes, además de prohibir por 90 días el ingreso a viajeros procedentes de siete países de mayoría musulmana –Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen–, sin importar que cuenten con un estatus migratorio legal e incluso con papeles que acrediten su residencia, la conocida green card en Estados Unidos. Esta última medida, que en menos de 24 horas había dado lugar a decenas de detenciones en aeropuertos, suscitó de manera inmediata el rechazo dentro y fuera de Estados Unidos por sus connotaciones abiertamente discriminatorias y su carácter violatorio tanto de la Constitución estadunidense como de la legalidad internacional.
Como dejan claro los decretos emitidos a lo largo de la semana tanto en materia migratoria como en otros temas, el actual mandatario republicano pretende que en cuestión de horas los ciudadanos de su país y el resto de las naciones acepten la imposición de un nuevo orden mundial, contrario tanto a la creciente liberalización y secularización de las relaciones humanas como a la multipolaridad que cada vez en mayor medida caracteriza la correlación internacional de fuerzas.
Las consecuencias profundas de tal intento de viraje unilateral apenas podrán comenzar a entreverse en un futuro cercano, pero no puede mirarse sin preocupación este retroceso en la nación que a estas alturas sigue presentándose como líder del mundo democrático.
