n la forma y en el fondo, la agresividad hacia México del presidente estadunidense, Donald Trump, se acentúa día tras día. La orden ejecutiva de iniciar la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera común, y la insistencia en que será nuestro país el que pague el costo de semejante obra, no sólo ratifican el grotesco chovinismo y la hostilidad del magnate neoyorquino, sino que refrendan sus modales groseros y la prepotencia que, por desgracia, habrá de caracterizar a la Casa Blanca en los próximos cuatro años.
En efecto, la decisión –anunciada en un tuit en momentos en que los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía de México, Luis Videgaray y Alfonso Guajardo, volaban hacia Washington para acordar las modalidades de la relación bilateral– y firmada durante la estancia en esa capital de ambos funcionarios, no sólo constituye un nuevo agravio a nuestra nación, a las reglas de la convivencia internacional, a las maneras diplomáticas y a los intereses económicos de ambos países, sino que augura la continuidad de un comportamiento unilateral y altanero, a menos de que se le ponga un alto.
En tales circunstancias, cuando el máximo poder político del país vecino multiplica sus mensajes de ruptura hacia el gobierno mexicano, llama la atención que éste no se haya hecho presente con una delegación de alto nivel en la reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tiene lugar en República Dominicana, en la que se han formulado expresiones de rechazo al proteccionismo y la unilateralidad de las nuevas autoridades estadunidenses, y que si el presidente Enrique Peña Nieto no pudo asistir a ella por razones de agenda
, como se informó oficialmente, no se haya enviado allí cuando menos al canciller Videgaray, quien, en cambio, viajó a Washington a atestiguar la andanada antimexicana.
La respuesta de Peña a los gestos hostiles de Trump, si bien positiva en su preocupación por la circunstancia de los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, parece insuficiente para hacer frente a la andanada. Debe considerarse que México tiene diversos instrumentos legales, diplomáticos, económicos y migratorios para salir en defensa no sólo de sus ciudadanos migrantes, sino también de su soberanía y de su economía. Ante las decisiones hostiles del gobierno vecino, este país podría actuar en reciprocidad en esos y otros ámbitos, y si Trump se empeña en desconocer los acuerdos bilaterales y trilaterales, las autoridades nacionales pueden hacer otro tanto y desvincularse de múltiples compromisos adquiridos con Washington.
Es importante considerar que si no se actúa con la firmeza requerida, la representación mexicana llegará en una situación de extrema debilidad a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o, más bien, como puede esperarse con criterio realista, a una reformulación atenuada y disminuida de ese instrumento regional que la administración Trump desea replantear en términos aún más desventajosos para México de lo que ya son.
Es fundamental considerar que el proyecto histórico de integración económica supeditada a Estados Unidos, inaugurado hace tres décadas con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), aterrizado en 1994 con la firma del TLCAN y aplicado desde entonces al pie de la letra por los sucesivos gobiernos, se ha quedado sin soporte ni fundamento, y que resulta imprescindible y urgente diseñar un nuevo horizonte para el desarrollo nacional. En tanto no se actúe en este sentido –y el tiempo para ello se agota rápidamente– no será posible formular una estrategia coherente para enfrentar la hostilidad, las groserías y la prepotencia del gobierno vecino.
