ras una visita de nueve días a México, durante los cuales se reunió con más de 800 defensores de derechos humanos de 24 estados, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, advirtió que en nuestro país existe un grave patrón de violencia contra esos activistas, quienes enfrentan una tendencia de muerte procedente de cuerpos policiales de todos los niveles, las fuerzas armadas, empresas y particulares.

Posteriormente, en un encuentro con los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa Cifrián y de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas, así como con la subprocuradora Sara Irene Herrerías, el funcionario internacional señaló que, pese a los avances logrados en materia de legislación, el nivel de violencia permanece alarmantemente alto y afecta a la población en general, y recalcó lo preocupante que resultan el continuo uso de militares en funciones de seguridad pública y la ausencia de un plan para devolver las fuerzas armadas a los cuarteles y asumir esa seguridad como tarea puramente civil.

Campa Cifrián se comprometió a atender las recomendaciones preliminares dirigidas por Forst al gobierno federal, las cuales son extensivas a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, organismos y agencias de la ONU, universidades, empresas, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Debe tomarse en cuenta que el posicionamiento del relator de la ONU es sólo el más reciente de una serie de duros señalamientos periódicos y regulares que el organismo internacional ha venido emitiendo en términos semejantes desde inicios del sexenio pasado, en los que se ha referido a la gravedad de la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. En algunas ocasiones las autoridades nacionales han recibido tales señalamientos con promesas de mejoría y en otras los han rechazado y se han negado a aceptar una realidad evidente a los ojos de todos, menos del gobierno. Pero independientemente de las cambiantes actitudes oficiales, la situación de violaciones masivas y brutales a los derechos humanos no ha cambiado. Ello debería llevar a reconocer la imposibilidad casi estructural de la institucionalidad mexicana para asegurar la plena vigencia de las garantías individuales de los ciudadanos, y la necesidad urgente de emprender una reforma y, sobre todo, una operación de saneamiento de los mecanismos enquistados en el poder público que hacen posible la altísima prevalencia de la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.

En ello están en juego no sólo el estado de derecho, sino también la gobernabilidad. Porque, además de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la carestía, los atropellos graves a ciudadanos por empleados y servidores públicos son un factor de exasperación social que puede resultar sumamente explosivo.