Lima.

Perú comunicará a un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht que le canceló el contrato para construir un gasoducto en el sur del país porque no ha conseguido el financiamiento, precisó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

Los socios del consorcio tenían plazo hasta el lunes para conseguir 4 mil 125 millones de dólares, pero un grupo de bancos le puso como condición el retiro de Odebrecht del proyecto, en momentos en que se investiga si la firma brasileña pagó sobornos para obtener contratos de obra pública en el país.

El consorcio había anunciado el viernes que devolvería al Estado la concesión del proyecto de 7 mil 200 millones de dólares –uno de los mayores montos para un proyecto privado en el país andino– para que se realice una nueva licitación.

El plazo (para cerrar el financiamiento) vence hoy (lunes) y mañana (martes) estaríamos comunicando la terminación del contrato y la ejecución de la mayor carta fianza de cumplimiento, dijo Tamayo a la radio local RPP.

Según Tamayo, la fianza suma 262 millones de dólares y sirve como penalidad por el incumplimiento del contrato.

En el consorcio, Odebrecht –investigada por casos de corrupción en América Latina– tiene 55 por ciento del proyecto, mientras la española Enagás posee 25 por ciento y la peruana Graña y Montero el 20 por ciento restante.

El ministro afirmó que espera realizar lo más pronto posible un nuevo proceso de licitación del gasoducto, cuya paralización afectaría a una economía que viene de sufrir el año pasado una caída de la inversión privada por tercer año consecutivo.

Según Tamayo, ya existen empresas interesadas en desarrollar el proyecto, que es considerado clave en Perú porque permitiría la creación de un polo petroquímico en el sur y surtiría de energía a grandes mineras que operan en el país.

El ministro sostuvo luego en una conferencia de prensa que el Estado no compensaría al consorcio por su inversión realizada y que en todo caso la nueva empresa que construya y opere este proyecto podría comprar los activos del gasoducto.

Esta situación está prevista en los casos en los cuales hay que cambiar de concesionario por alguna razón. Por lo tanto, se convoca a una nueva licitación para un nuevo inversionista y con el dinero que ofrezca se crean los recursos para pagar, agregó.

El gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, declaró a Reuters en diciembre que el Estado tendría que pagar entre mil 200 y mil 400 millones de dólares como compensación. Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, intentó sin éxito en los últimos meses vender su participación y mantuvo para ello conversaciones con el fondo canadiense Brookfield y con la estatal china CNPC.