Hostigada por no alinearse al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y a la otrora campaña del PRI a la gubernatura, la consejera electoral local, Claudia Carrillo Gasca, logró que el tribunal electoral ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar una investigación exhaustiva sobre una posible violencia política de género. Pero mientras ésta se desarrolla pide al instituto que la proteja y detenga las agresiones en su contra.

Carrillo ha vivido un año de pesadilla, como lo describe, desde que fue electa consejera electoral y luego decidió no aceptar ceñirse a lo que le pedían dos magistrados en nombre del entonces mandatario estatal y de la candidatura de Mauricio Góngora Escalante, quien a la postre perdió las elecciones de gobernador.

El miércoles pasado el tribunal electoral le dio la razón y ordenó al INE que investigara el proceder de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, y del consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, así como de tres funcionarios del organismo, de los representantes de PRI, Panal y PT, lo mismo que de un magistrado electoral y de otro del Tribunal Superior de Justicia del estado.

La consejera considera que el INE no la ha protegido. Conocí a su titular, Carlos Alberto Ferrer, quien vino una vez a Quintana Roo, pero me han decepcionado muchas de sus resoluciones y prácticamente he avanzado en su unidad a través de impugnaciones, donde la sala superior, tanto la anterior como la nueva, me han dado protección y certeza legal.

La historia comenzó en noviembre de 2015, cuando el presidente del tribunal electoral local, Víctor Vivas, reunió en sus oficinas a los siete consejeros del organismo público local electoral y les advirtió: Le debíamos obediencia al gobernador, porque gracias a él teníamos nuestros puestos cuando los ganamos con diversos exámenes y procedimientos elaborados por el INE.

Nos dijo que teníamos que beneficiar a un candidato, en ese entonces era el del PRI, relata la consejera.

Posteriormente recibió una llamada de Carlos Lima Carvajal, magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del estado y allegado al entonces gobernador, quien le advirtió que me tenía que alinear, que dejara de hacerme pendeja.

Pero como no atendió esa línea, me excluían, me ocultaba información, me llegaban mensajes de texto. Incluso me iniciaron una averiguación previa falsa para intimidarme, acusándome de abuso de autoridad cuando era agente del Ministerio Público.

Recibió amenazas del director de Prerrogativas y Partidos Políticos, José Luis González Nolasco, quien le recomendó que lo pensara por su hija, de siete años.

Las agresiones continuaron, según el expediente revisado por La Jornada. El director de Organización le ocultaba información y en la mesa del consejo el representante del Panal, Armando Miguel Palomo, expresó que ojalá en el siguiente proceso de selección el INE hiciera dictámenes sicológicos para elegir mejor a los consejeros. El del PRI, Juan Alberto Manzanilla Lagos, expresó que no tenía capacidad para ejercer ese puesto.

Carrillo espera que hagan una investigación expedita. No duermo bien, estoy a la defensiva. Tengo miedo de salir. Ellos quieren que renuncie. Sólo quiero que me dejen trabajar, porque para eso fui designada.