A partir del 31 de enero, alumnos, docentes y padres de familia de los 8 mil planteles, desde preescolar hasta secundaria, públicas y privadas, de la capital podrán ingresar vía Internet al Sistema de Información Localizada del Protocolo Único de Identificación, Canalización y Atención de la Violencia Escolar de la Ciudad de México.

El sistema no sólo concentrará las situaciones de violencia escolar que se presentan en el interior de los planteles, sino que después de identificar si son de tipo emocional, sicológico o jurídico, o si se trata de maltrato, acoso o agresión escolar, se canalizará al estudiante a la instancia correspondiente, la cual puede ser desde la Procuraduría General de Justicia o el DIF hasta alguna secretaría o instituto.

El secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez Alonso, dependencia responsable de la elaboración del sistema, puntualizó que esto no surge a raíz de lo sucedido en Monterrey. Ese lamentable hecho sin duda nos hace voltear hacia el tema, pero esto no lo podemos ver de manera simplista, sino con la profundidad que se requiere.

Recordó que desde 2014 el Gobierno de la Ciudad de México estableció una política pública para la atención de la violencia escolar. Nos guste o no se ha naturalizado como parte de lo que los menores ven día a día, y todos somos responsables de su solución.

Martha Luvia Gómez Sánchez y José A. Cota Zazueta, directores de Educación Prescolar y Primaria, y de Tecnología de la Secretaría de Educación local, respectivamente, detallaron cómo funciona el sistema, cuyo eje es un cuestionario de 31 preguntas, elaboradas en conjunto con los representantes de las siete dependencias del gobierno capitalino, un órgano desconcentrado, dos institutos y el DIF, así como el Fideicomiso de Educación Garantizada.

Las preguntas a las presuntas víctimas van desde si han sido objeto de burlas, segregación o aislamiento; discriminación por lengua, idioma, color de la piel, condición económica o preferencia sexual; amenazas, insultos y gritos; agresiones físicas con heridas leves o que tardan en sanar; despojo de dinero, robo, destrucción de bienes propios o si se los han escondido.

Si les han puesto algún apodo; obligado al consumo de tabaco, alcohol o drogas, o a ver imágenes eróticas; encerrado a la fuerza; hay exceso de reconocimiento o adulación; si los han besado a la fuerza, bajado el pantalón o levantado la falda; sentido miradas incómodas; les han hecho caricias sin consentimiento o dicho piropos.

O si han sido víctimas de intrigas, difamación o insultos en redes sociales; publicado fotos o videos, o los han grabado sin su autorización, u obligado a participar en algo que no quieren.

Al acabar el cuestionario, el sistema crea el acuerdo de canalización y el número de registro.

Para Rodríguez Alonso el reto es lograr que todos conozcan este sistema y que participen como un herramienta de prevención.