Estados Unidos

¿Qué sigue en el TLCAN,
alimentos y granjas?

Karen Hansen-Kuhn Institute for Agriculture an Trade Policy (IATP)  [email protected]

FOTO: National Young Farmers Coalition

Uno de los pocos puntos de acuerdo en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos fue el rechazo generalizado al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y a otros acuerdos de libre comercio similares. No se equivoquen; ese rechazo no fue conducido por los candidatos. Fue resultado de años de movilización y análisis por parte de grupos de la sociedad civil en los 12 países negociadores del TPP, así como de la creciente desconfianza hacia los mecanismos flagrantes de control corporativo, como el Sistema de Solución de Controversias Inversores-Estado (ISDS, sus siglas en inglés), que otorga a los inversionistas extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos por las leyes de interés público. Los políticos, incluido Donald Trump, se sintieron envalentonados por esa oleada de oposición para insistir en una política comercial diferente, comenzando con el rechazo al PPT y el planteamiento de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Muchos de los mismos movimientos sociales en México, Canadá y Estados Unidos que trabajaron en contra del TPP han estado pidiendo durante décadas la derogación y renegociación del TLCAN. Por supuesto, existe un peligro real de que tal renegociación pueda empeorar aún más el Tratado. Podría añadir algunas de las peligrosas innovaciones en materia de derechos de propiedad intelectual y de inversión, así como otras cuestiones que surgieron en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), el TPP y otros Acuerdos.

Podría borrar las escasas protecciones de los derechos laborales y del medio ambiente. No es difícil imaginar muchas maneras en que el TLCAN pudiera ser peor, incluso para las comunidades rurales. Los nombramientos de la administración Trump no son alentadores; incluyen a muchos multimillonarios y creyentes en las políticas de America First. No estarán abogando por los derechos para los trabajadores o los agricultores, sino más bien para fortalecer los negocios de Estados Unidos.

Sin embargo, también sería un error ignorar esta oportunidad, ya que la atención pública se concentra en los impactos reales del TLCAN, para explicar exactamente lo que está mal con el enfoque actual y para exigir opciones. La actual política comercial de Estados Unidos está diseñada para promover los intereses de los agronegocios y otras corporaciones multinacionales sobre los de los agricultores y trabajadores familiares. Los acuerdos de libre comercio resultantes han devastado a las comunidades rurales y no han abordado problemas muy reales de volatilidad de precios y sostenibilidad ambiental. Estos problemas sólo se han agravado por un único enfoque centrado en el aumento de las exportaciones.

En Estados Unidos, grupos como la National Family Farm Coalition, Rural Coalition, National Farmers Union, Western Organization of Resource Councils, Food & Water Watch y el Institute for Agriculture and Trade Policy se han reunido para discutir lo que realmente debería estar en la agenda si el TLCAN fuera reemplazado con el objetivo de aumentar el nivel de vida en los tres países. Esas discusiones están en curso, pero hay un sólido consenso de que se necesita un proceso y un contenido muy diferentes. Ese proceso debe partir de una evaluación profunda, abierta y democrática del TLCAN que involucre tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. El propio proceso de negociación comercial debe hacerse más transparente para incluir la participación de todos los sectores afectados, incluidos los agricultores. Si el acuerdo incluye disposiciones relacionadas con la agricultura, el objetivo general debería ser lograr un comercio equilibrado que apoye las economías rurales y el suministro equitativo y sostenible de alimentos en los tres países. Podría comenzar con tres prioridades para el comercio y los sistemas alimentarios y agrícolas:

1. Reestablecer la soberanía local y nacional sobre la política agrícola y alimentaria. Todas las naciones deben tener el derecho de aplicar democráticamente políticas internas apoyadas por sus ciudadanos. Esto incluye políticas agrícolas que aseguen que los agricultores reciban un pago justo por sus cultivos y ganado y otras políticas agrícolas y alimentarias que protejan a los agricultores y los consumidores. Además, cada país debe tener el derecho de establecer reservas estratégicas de alimentos y otros mecanismos para evitar el dumping de productos agrícolas (con precios por debajo de los costos de producción). En el caso del TLCAN, se deben restaurar las etiquetas de País de Origen para la carne, así como otros programas que apoyen el derecho de los consumidores a saber qué contiene su alimento. Cualquier nuevo acuerdo comercial debería rechazar las propuestas surgidas en el TTP y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) sobre Cooperación Regulatoria –que apuntan a crear nuevas burocracias internacionales para juzgar las normas locales y federales sobre plaguicidas, etiquetas de alimentos– y otras medidas diseñadas para mejorar los sistemas alimentarios locales.

2. Frenar las concesiones a las corporaciones en los acuerdos comerciales. El TLCAN ha consolidado el control corporativo sobre muchos aspectos de la agricultura en formas que son injustas para los productores, los trabajadores del campo y los consumidores. Este fue el primer acuerdo comercial firmado por Estados Unidos que incluyó el polémico mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos (el ISDS), el cual permite a las compañías extranjeras demandar por daños y perjuicios sobre leyes, reglas o acciones que supuestamente socavan sus ganancias. Las disputas por medio del ISDS en el TLCAN ya han sido usadas para desafiar las reglas en los casos de jarabe de maíz de alta fructosa y pesticidas. El ISDS debe ser eliminado del TLCAN. Los acuerdos comerciales deben respetar y proteger las regulaciones o políticas destinadas a reducir las prácticas antimonopolio y anticompetitivas en la agricultura, incluidas las relativas a la manipulación de los precios y los límites a las fusiones de empresas agroindustriales.

3. Garantizar la viabilidad económica y la resiliencia en las comunidades rurales. Los países deben tener la capacidad de proteger a sus agricultores de las importaciones injustas que distorsionan el mercado interno, socavan los precios y, en última instancia, comprometen la viabilidad económica de los agricultores independientes. Cualquier nuevo acuerdo sobre el TLCAN debería proteger también los derechos de los trabajadores agrícolas a salarios y condiciones de trabajo decentes. Una de las consecuencias de la devastación de las comunidades agrícolas mexicanas en el marco del TLCAN ha sido un aumento de la migración a Estados Unidos, donde los jornaleros agrícolas trabajan a menudo en condiciones precarias. Deben establecerse nuevas reglas que generen empleos rurales en los tres países y que protejan el trabajo y otros derechos humanos de los jornaleros.

Es imposible saber ahora si la promesa de la campaña de renegociar el TLCAN resultará en algo sustancial. Las acciones concertadas entre los grupos de la sociedad civil en los tres países deberían mantener la atención pública centrada en una visión común para un comercio justo y sostenible. No hay razón para que los movimientos de la sociedad civil que han enfrentado al TPP permitieran que otros intereses establecieran la agenda del TLCAN.

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