Guatemala

Las revueltas por el derecho al agua

Vanessa Sosa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco  [email protected]

FOTO: Vanessa Sosa

El 22 de abril de 2016 arribó a la Ciudad de Guatemala la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, en la que participaron alrededor de 15 mil personas. Esta movilización inició 11 días antes, organizada en tres vertientes que salieron de Tecún Umán, departamento de San Marcos; Purulhá, departamento de Baja Verapaz, y La Mesilla, departamento de Huehuetenango.

La marcha recorrió al menos 260 kilómetros, duró casi dos semanas y aunque en su recorrido en tiempo y espacio no se registró ningún disturbio, fue catalogada de forma peyorativa por algunos sectores como “una marcha de revoltosos”.

Como no nació en el centro de la ciudad, como no fue organizada por “los que saben”, no era una manifestación ciudadana sino cosa de revoltosos, cosa de gente que se deja acarrear sin saber por qué o para qué. Sí, la intención es peyorativa, pero el calificativo se refiere también al que alborota, al que es rebelde, así que eso de revoltosos viene bien cuando queda en evidencia que el tema del agua nos alborota, y cuando además vemos en cada paso dado en esta marcha la convicción de una lucha rebelde, abarcadora y consciente, porque el agua es en sentido profundo razón de nuestra sobrevivencia.

La marcha fue de “revoltosas y revoltosos” porque en ella participaron ancianas, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños que caminaron sin descanso para poner en el centro del debate nacional un tema que nos concierne a todas y todos. Las demandas planteadas en la marcha estaban relacionadas principalmente al agua, pero en sentido extenso se puso sobre la mesa la contaminación y desviación de los ríos, los monocultivos, mineras e hidroeléctricas; la aspersión de químicos utilizados para la siembra de productos agroindustriales, la destrucción y el saqueo del territorio, la importancia de las radios comunitarias y el servicio de electricidad, entre otras cosas.

Según la Asamblea Social y Popular en Guatemala una quinta parte del territorio se está desertificando y cerca del 97 por ciento del agua dulce está contaminada, mientras que estadísticas del Instituto Nacional de Bosques, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales nos dicen que anualmente se pierden 73 mil hectáreas de bosque y sólo se recuperan 15 mil con los programas de reforestación y conservación, que cada hora se pierde en bosques el equivalente a 19 campos de futbol y que tan sólo en el periodo 2006-2010 más de 30 por ciento de la deforestación ocurrió dentro de las áreas protegidas.

Por otra parte, el pasado 27 de diciembre de 2016 el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, declaró que en el 2016 el Ministerio recibió mil 237 denuncias de interesados y particulares contra diferentes empresas por faltas en el mantenimiento de los recursos naturales y que de éstas se interpusieron tan sólo 41 denuncias ante el Ministerio Público, 33 de ellas por desvío y contaminación de ríos.

Ante este escenario devastador, ¿qué nos queda, más que ponernos revoltosos? La revuelta es vital en estos tiempos y hay esperanza porque ha sido y es extensa a lo largo y ancho del país. Las comunidades diariamente resisten defendiendo con su vida el agua y el territorio, asediados por las empresas que se dedican al monocultivo de caña de azúcar, de palma africana, de banano y de café. También se lucha y se resiste contra las hidroeléctricas y contra las mineras. Lo del 22 de abril fue una muestra de esa otra Marcha Permanente por el Agua, por la Madre Tierra, por el Territorio y por la Vida, una constante, del día a día, en la cual se defiende en la periferia, en la ruralidad, el agua y la vida de la gente de ciudad.

En Guatemala el monocultivo de caña de azúcar pasó de ocupar una extensión de cien mil 875 hectáreas en 1979 a unas 500 mil por lo menos en 2010 (IDEAR, 2011) y sigue en expansión. Para mantener ese ritmo de crecimiento, los dueños de la industria azucarera no han escatimado recursos para hacer rentable la inversión, utilizan agroquímicos cada vez más potentes, presionan para obtener más tierra y desvían y secuestran ríos .

Así las cosas, en la Costa Sur guatemalteca se pusieron revoltosos en 2014 los representantes de 14 comunidades del municipio de San Andrés Villa Seca, cinco comunidades del municipio de Santa Cruz Muluá y 49 del municipio de Champerico del departamento de Retalhuleu, que conformaron un bloque de 68 comunidades en contra de la contaminación que producen los ingenios Tululá, El Pilar y Magdalena, en el departamento de Retalhuleu, por el cultivo, procesamiento y manejo de los desechos derivados de la producción de azúcar, etanol y gas metano. En una de sus muchas exigencias pidieron que: “se le ponga un alto definitivo a la contaminación indiscriminada de nuestro medio ambiente y al secuestro de los ríos” (el pronunciamiento completo).

Así también de revoltosas se pusieron el 19 de noviembre de 2016, 18 comunidades de Champerico que viven de la pesca y que ante los abusos que han cometido los ingenios Magdalena, Pantaleón y Palo Gordo. han dejado claro lo que piden y lo que quieren. Ya no exigen sólo la reparación de los daños ambientales y personales o la liberación de los ríos, no, dicen alto y claro: “¡Qué se vaya la caña de nuestro territorio! Ya son años de abusos, daños ambientales, acaparamiento del agua e impunidad . ¡El pueblo está harto !” Estas comunidades saben que los ingenios azucareros están vulnerando su derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a un ambiente sano, y su derecho al agua, por eso exigen que se vayan fuera de sus territorios.

Mientras históricamente en las comunidades se resiste día a día y se lucha por el derecho al agua y por el territorio, en el Congreso de la República hay al menos 11 iniciativas de Ley de aguas, entre ellas la Iniciativa 5070 Ley Marco del Agua, construida y consensuada entre comunidades, autoridades ancestrales, pueblos y organizaciones sociales, de mujeres, campesinas y populares. Esta iniciativa tiene una diferencia radical respecto a las otras y es que postula el agua como un derecho humano y no como una mercancía. Esperamos que el pleno conozca la iniciativa y le dé lectura para que sea aprobada. Mientras eso sucede #SeguimosEnMarcha.

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