El Salvador

Agricultura: pequeños avances,
muchas propuestas y polarización política

Carlos Cotto Director ejecutivo de la Fundación REDES de El Salvador y miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria  [email protected]

FOTO: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova

El Salvador fue por muchos años un país con autosuficiencia alimentaria en los principales productos de la dieta alimenticia nacional. Fue a partir de la etapa neoliberal, a finales de los años 80’s, que la agricultura se dejó en el mayor abandono, condenando a las familias agrícolas y campesinas a la pobreza, marginación y la migración hacia la ciudad y hacia Estados Unidos principalmente.

Por supuesto, las beneficiarias de estas “nuevas” políticas públicas, que consistieron en la reducción presupuestaria para el ramo de agricultura, eliminación y reducción de instituciones importantes y flexibilización del marco jurídico, entre otras, fueron las grandes empresas importadoras de insumos agropecuarios y de alimentos básicos, y se convirtió a grandes segmentos de la población de productores a clientes consumidores.

A pesar de que estas decisiones permitieron al empresariado nacional vinculado al agronegocio fortalecerse y expandir sus mercados en detrimento de la pequeña agricultura campesina, a partir de 2009 el gobierno salvadoreño comenzó a impulsar nuevas políticas públicas agrícolas que trataron de recuperar parte de lo perdido en los años previos y provocar un giro en el impulso de la agricultura desde un enfoque de agricultura familiar.

En esa lógica, el presupuesto agrícola se incrementó a de 57.3 millones de dólares en 2009 a 110.8 millones en 2015, casi duplicando la cifra. Más de la mitad del presupuesto se ha destinado al impulso del Plan de Agricultura Familiar (PAF) y un tercio al subsidio denominado “paquete agrícola”, recursos dirigidos a atender a las y los productores de la agricultura familiar campesina. Del total de la población campesina rural atendida con este programa, una de cada cuatro personas beneficiadas son mujeres, cantidad que no se había alcanzado nunca antes en los programas de fomento agrícola.

En los años recientes, el ciento por ciento de las semillas de maíz y frijol que el gobierno compra para integrar el paquete agrícola que se entrega como subsidio a pequeños productores/as familiares proviene de la producción nacional. Más o menos la mitad de ellas son producidas por cooperativas, no sólo por empresas, y ninguna semilla que el gobierno entrega es importada ni genéticamente modificada.

Sin embargo, en contraste con estos logros, el paquete agrícola en el que se invierte cada año más de 35 millones de dólares enfrenta la crítica de diversas organizaciones proclives a la lucha por la soberanía alimentaria, que señalan que el subsidio agrícola es asistencialista, promueve la agricultura convencional basada en agroquímicos y no incorpora tecnologías vinculadas a la agroecología. También se critica que el paquete fue concebido en su inicio (2004) como una política clientelista con fines político-electorales.

Se han presentado propuestas de políticas públicas para el fomento de la agroecología a funcionarios del Ministerio de Agricultura y se espera de ellos una clara voluntad política y recursos presupuestarios para hacerlas realidad. Medidas como la participación de organizaciones en la definición de las políticas, estrategias de capacitación e intercambio de campesino a campesino, apoyo a la producción y comercialización de insumos agroecológicos, difusión de buenas prácticas de manejo de suelo y agua, inventarios de germoplasma de especies criollas y nativas y su intercambio y resguardo en santuarios, acciones de investigación campesina participativa, manejo post-cosecha, incentivos a la producción agroecológica mediante bajas tasas de interés en los créditos y seguros agroecológicos, ampliación de las compras gubernamentales, la realización de campañas, ferias y tianguis, educación nutricional, desarrollo de mercados alternativos, y muchas otras medidas más, componen el conjunto de propuestas entregadas, que apenas han logrado una tímida respuesta por parte del gobierno.

Aunque existen muchas deficiencias y fallas, los logros del gobierno en materia agrícola son objeto de ataque político por parte de las fuerzas conservadoras que tienen afincados sus negocios en la caña de azúcar, la importación de insumos agroquímicos y de alimentos, y otros relacionados con el monocultivo.

La aproximación a una nueva coyuntura electoral ha convertido nuevamente a la agricultura en un factor de tensión política en un país polarizado. Pese a las pérdidas que la agricultura nacional sufrió en los años 2013-2015 a causa de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño agravado por los efectos del cambio climático, el 2016 ha sido un año positivo en cuanto a cosecha nacional de granos básicos. Según el Ministerio de Agricultura, en 2016 ésta sumó 26.7 millones de quintales (1.2 millones de toneladas).

Los medios de comunicación hegemónicos usan titulares sobre millonarias pérdidas en las cosechas, mientras que campesinos organizados desmienten y afirman que la cosecha del 2016 ha sido suficiente para abastecer el mercado nacional en los principales granos básicos, al tiempo que denuncian a empresarios que pretenden usar la desinformación para especular con los precios de los granos, incrementar sus ganancias y afectar políticamente al gobierno y a sus políticas a favor de la agricultura familiar.

La producción y distribución de alimentos básicos también será usada como campo de confrontación en el marco de la estrategia política de boicoteo que la derecha internacional impulsa en la región. En consecuencia, el gobierno salvadoreño debe apostar por construir y consolidar una alianza estratégica con los sectores populares organizados vinculados a la pequeña producción campesina y al cooperativismo real, mediante el impulso de nuevas políticas públicas que refuercen la apuesta al fortalecimiento de la agricultura nacional y la soberanía alimentaria.

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