Chile

Una historia de violencia*

Felipe Montalva Periodista  [email protected]

Julia Quillempan y Rubén Collío, dirigentes mapuches opuestos a la hidroeléctrica en la zona de Tranguil, Panguipulli, sur de Chile. FOTO: Felipe Montalva

Tranguil (también llamado Tranquil), en las cercanías de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, en el otrora lluvioso sur chileno, es uno de esos sitios que no aparece en los mapas pero que, al conocerlo, impresiona por su naturaleza. Bosques encaramados a los cerros, desde donde bajan ríos y esteros rumbo a lagos como el Pellaifa y el Panguipulli.

En amargo contraste, aquí se compagina un nuevo capítulo de la contradicción entre formas productivas locales, cuando no los derechos territoriales de una comunidad mapuche, y la construcción de una central hidroeléctrica de pasada, que generaría 2.9 megavatios. El emprendimiento es propiedad de RP Global, de capitales austriacos, y se emplaza sobre el río que le da nombre al sector. La empresa también estuvo detrás de la edificación de Hidropanqui, en Curarrehue, localidad de fuerte presencia mapuche, ubicada algunos kilómetros al norte.

El libreto es conocido: Derechos de agua en manos de particulares, beneficios ofertados por la empresa y la consecuente división de los lugareños. En el caso de Tranguil, es alarmante la vulneración a los derechos humanos desde el momento en que la hidroeléctrica llegó a una comunidad más bien pacífica. La muerte de Macarena Valdés Muñoz, pareja de Rubén Collío, werken (vocero) de la Coordinación Newen Tranguil, en circunstancias aún no aclaradas, ha marcado de otro modo la historia de un proyecto que ofrecía progreso y electricidad más barata.

Sin Estado de derecho. La gente le llama “Crucero Tranguil” al punto donde se debe descender del bus, desde la ruta CH 201, que conecta Panguipulli con la frontera con Argentina. En el puente sobre el estero El Mañío se aprecia el cableado de alta tensión que, en octubre pasado, trabajadores de la empresa eléctrica regional, terminaron de instalar a escasos metros del predio donde vive Rubén Collío y su familia. Esa jornada, la faena estuvo resguardada por un contingente policial digno de un enfrentamiento en gran escala. Carabineros armados, en actitud de combate, apoyados por vehículos blindados y furgones. Todo contra un hombre, sus hijos, y algunos cercanos. Desarmados. Cuando Collío intentó resistir la labor, forcejeó con los uniformados quedando contuso en la rodilla derecha. Es paradójico que él y su familia hayan estado bajo una cautelar dictada por el tribunal, que impedía trabajos en su terreno por 60 días, tras la muerte de Macarena Valdés.

“No hay Estado de derecho en Tranguil ni en Panguipulli”, enjuicia el werken, y muestra la orden con que la empresa, que llegó a realizar la instalación de cables, pretendió autorizar su trabajo. El documento tiene fecha de 2015 y caducaba 60 días después.

No ha sido lo único. Esta es una historia llena de actos irregulares, sospechosos y contaminados de violencia. Cuando Collío se entrevistó con Patricia Morano, gobernadora provincial de Valdivia, para denunciar la brutalidad de Carabineros, ésta le planteó que el accionar policial no había sido ordenado por ella, y que les solicitaría un informe. A meses de ocurridos los hechos, tal documento aún brilla por su ausencia.

Lamentablemente, son comunes los excesos policiales frente a población mapuche. A mediados de diciembre, causó impacto el caso de Brandon Hernández Huentecol, un adolescente de 17 años, de la zona rural de Collipulli, en la vecina región de la Araucanía, tiroteado por la espalda, por agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros. El muchacho sobrevivió pese a recibir cerca de cien balines. Apenas una semana después, dos comuneros mapuche del sector Tranapuente, en Tirúa (región del Bío Bío) fueron baleados por la policía. Un par de uniformados han quedado detenidos y están sometidos a investigación por el hecho.

Acciones y lenguaje. Rubén Collío, Macarena Valdés y tres de sus cuatro hijos habían llegado a Tranguil, hace dos años, desde Santiago, la capital chilena. Venían con un anhelo: vivir como mapuche. Pese a que sus ancestros provienen de Boroa, en la región de La Araucanía, Collío nació y creció en la warria, laciudad, como dicen los mapuche en su lengua. Vivir rodeado de selvas verticales y ríos dispersos en la tierra oscura era lo que habían bosquejado juntos muchas veces. De profesión ingeniero ambiental, también participaba en redes de apoyo a las luchas mapuche. Además, trabajaba como orfebre. El menor de la familia, cuenta Collío, fue concebido allí, en Tranguil. El terreno les fue facilitado por Mónica Paillamilla, oriunda del lugar. Con un compromiso: que lo cuidara. Comenzaron a impartir clases gratuitas de mapudungun, la lengua mapuche, para los vecinos. Fue en esa época donde supieron de la oposición, de algunas personas de la comunidad mapuche Quillempan al proyecto de RP Global, aprobado por el estatal Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Los Ríos en 2012.

Los derechos de agua sobre el río Tranguil habían sido solicitados en 2008 por Pedro Ermer Jaque Araneda. Hoy existen tres concesiones bajo denominaciones vinculadas a RP Global: RPI Chile, Energías Renovables, SA y RP Global Energías Renovables, SA. “Finalmente son gestiones para despistar”, señala Collío. “Estas empresas son especialistas para trabajar al filo de la ley”. Tras su casa corre el estero El Mañío. Cuenta que también éste tiene pedidos derechos. Es la lógica. En el caso de Panguipulli, son cerca de 135 los concedidos para fines hidroeléctricos por la Dirección General de Aguas (DGA), el ente estatal chileno encargado de la administración acuícola. La institución ha reconocido el acaparamiento que los particulares han hecho del vital elemento en desmedro de las comunidades.

RP Global llegó a Tranguil prometiendo lo que el Estado no concreta, en un lugar donde la vida es muy dura en invierno. “Muchos acá viven con cien mil pesos [chilenos] al mes [unos 149 dólares]”, cuenta el werken. Añade que muchas personas trabajan en el “madereo”, es decir la corta de árboles nativos para estructuras de las empresas mineras.

Collío recuerda que la empresa prometió contratar a personas del sector. A su lado, Julia Quillempan narra el caso de su hermano menor, quien comenzó a trabajar como cuidador. Ella decidió oponerse cuando conoció la resistencia a la hidroeléctrica que pretendía construir la italiana Endesa-Enel en el cercano lago Neltume. Ahí constató que “el lenguaje, las acciones [de la empresa] eran las mismas que acá”. No fue la posición de todos los comuneros. A mediados de ese año, RP Global ya tenía un acuerdo con algunas organizaciones locales. Repartieron dinero, mercadería y alimento para animales, cuenta la mujer. Como en otros puntos del territorio mapuche, los habitantes quedaron divididos en dos bandos: A favor unos y otros en contra de la hidroeléctrica.

“Existe una propuesta económica desde las comunidades, y tiene que ver con aprovechar el turismo. Atraer visitantes que quieran conocer estos bosques y ríos. Pero eso no puede combinarse con extractivismo, ni siquiera con centrales de paso. ¿Quién va a querer ver un río entubado, o un galpón gigante, pintado de rojo?”, dice el dirigente mapuche. A pocos kilómetros de Tranguil están las célebres termas de Coñaripe. “Por mi trabajo, la ingeniería ambiental te hace ver el territorio de manera holística”. Existía nexo con Trekantun, guías turísticos de Liquiñe, que van contando las historias y los elementos presentes en el territorio.

También se vulneró el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que Chile suscribió en 2008. La sala de máquinas de la hidroeléctrica se emplaza en un terreno perteneciente a la comunidad Quillempan, que posee títulos de dominio desde 1919. Además, durante su construcción se destruyó, por lo menos, un eltun, un cementerio mapuche. Lo anterior fue denunciado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre pasado.

Los ríos privados. Tras el retiro de los grandes proyectos hidroeléctricos, en el sur chileno, y en particular en la cordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, hace algunos años hicieron su aparición las “minicentrales”, aquellas que para la legislación ambiental nacional generan menos de tres megavatios. Por ende, no ingresan a la calificación del Sistema de Evaluación Ambiental, instrumento a cargo del estatal Servicio de Evaluación Ambiental, que examina los posibles efectos de los proyectos industriales sobre la naturaleza y las personas. Hoy se cuentan, a lo menos, ocho proyectos de este tipo sólo en la comuna de Panguipulli: Desagüe Riñihue, Liquiñe, Pellaifa, Piutel, Río Hueico, Raguinlelfu, Trafun y Truful, esta última en terrenos de la reserva biológica Huilo-Huilo, propiedad del empresario Víctor Petermann.

Las minicentrales han proliferado gracias al dadivoso Código de Aguas chileno, gestado en dictadura, y modificado conceptualmente de manera muy tibia en 2016. Esta legislación, paradigmática en su sello neoliberal, permite a una persona particular obtener derechos de uso sobre las aguas superficiales. Tal utilización es con fines “no consumptivos”, es decir, donde el vital elemento no se consume. El proceso es sencillo: Se debe detectar el riachuelo, notificarlo a la Dirección General de Aguas, que si no está pedido previamente, le entrega dichas atribuciones al privado. Éste luego puede vender los derechos a una empresa, o asociarse con ella para fines hidroeléctricos o de piscicultura, por ejemplo. De esta manera, son centenares los esteros y pequeños ríos que resultan, en la práctica, separados de su entorno y de sus comunidades. “Panguipulli posee una gran cantidad de cuencas, por eso son muchos los proyectos hidroeléctricos que se quieren instalar. Seguramente luego vendrán las carreteras, las pisciculturas y las mineras”, ha señalado Jorge Weke, dirigente del Koyagtug (Parlamento) Koz Koz, una de las organizaciones mapuche del territorio. “Quieren saquear bienes que pertenecen a todos”, remata.

La muerte de Macarena Valdés. El uno de agosto pasado, miembros de la comunidad Quillempan, Coordinación Newen y otras organizaciones cortaron la ruta CH 201. Se acordó con las autoridades provinciales iniciar un proceso de diálogo. La estatal Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizaría las obras de RP Global. El viernes 19 se realizó una nueva reunión. Sin embargo, habían comenzado las amenazas contra el werken. Ha sido difundido que, durante ese fin de semana, dos personas identificadas como Juan Luengo y Osvaldo Jaramillo, lugareños que trabajan para la empresa, llegaron hasta la casa de Mónica Paillamilla para plantearle que echara a Collío del predio que ocupaba por “estar revolucionando a la gente”. Al responderles la mujer que el werken contaba con su beneplácito, los hombres le dijeron que “había gente que le quería pegar”(las frases entre comillas corresponden al testimonio de Mónica Paillamilla al periodista Mauricio Durán, de www.elpuelche.cl. Disponibles en la web).

El lunes 22 de agosto, Macarena Valdés apareció muerta en su casa, colgada desde una viga. El hallazgo fue hecho por un hijo cuando regresaba de la escuela. Collío se encontraba fuera del predio y fue alertado por vecinos de la situación.

“Ella tenía hora en el consultorio de Liquiñe (donde llevaría a su hijo de un año y ocho meses a control). Tenía las cosas listas para salir. Pañales, leche, una muda de ropa; dejó almuerzo preparado. Se estaba preparando para salir, no para quitarse la vida. Había negociado un chancho para festejar su cumpleaños. ¿Qué persona que se va a suicidar hace eso?” pregunta, con voz enronquecida, el werken.

Sobrecoge pensar que el hijo menor de la pareja vio todo lo que pasó.

Sobrecoge apreciar hoy que el corral, un baño y otras dependencias de la casa fueron construidas por la mujer. Visitar el huerto que cultivaba, ahora abandonado. “La negra era una weichafe (guerrera). Tuvo un gran rol cuando fue el corte de ruta”, dice Collío, inundado por la emoción. “A ella la mataron, de eso no me cabe duda. Buscaban debilitarnos, desorganizarnos”.

Genera interrogantes el comportamiento de la policía en tal jornada. El procedimiento estuvo a cargo de Francisco Sánchez, teniente del retén de Liquiñe. “Insistió en que yo saliera de la casa. Luego andaba paséandose con la cuerda en la mano. Mucha gente lo vio”, señala el vocero mapuche. Agrega que Sánchez reaparecería al día siguiente, para la puesta del cableado, en un rol que para el werken, parecía más bien de coordinación de la faena.

“Yo tengo mucha pena y rabia personal. Pero esto es una situación como pueblo; lo mío no es un caso puntual. A la gente mapuche, a la gente de este territorio, los están matando quienes tienen dinero”, dice Collío, y poniéndolo en una perspectiva histórica, añade: “Aquí han existido prácticas de amedrentamiento. La experiencia del Complejo Maderero, si lo piensas... Los trabajadores hicieron valer sus derechos, se dignificaron. Hoy pasa lo mismo, uno reclama sus derechos pero hay vulneración y muerte”.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap) fue una experiencia de administración estatal de la empresa forestal más grande de Sudamérica, durante el gobierno del socialista Salvador Allende, en 1971. Los trabajadores, que tradicionalmente vivían en condiciones rigurosísimas, explotados por diversos latifundistas, fueron los propulsores del cambio, realizando ocupaciones de predios madereros desde fines de los años 60’s. En Cofomap, por primera vez, tuvieron representantes en el directorio. Tras el golpe militar, decenas de sindicalistas y obreros fueron asesinados por el Ejército en sitios como Chihuío, Neltume, Futrono, Villarrica y en la cercana Liquiñe. Otros centenares fueron detenidos y torturados. El Complejo fue desmembrado durante la dictadura militar. Los terrenos que lo conformaban hoy permanecen en manos privadas.

Suicidio dudoso. A fines de agosto, tras la autopsia, el Servicio Médico Legal de Valdivia, la capital regional, certificaba que la muerte de Macarena Valdés se trataba de un suicidio. Caratuló la causal como “asfixia por ahorcamiento” y que su cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros.

Recientemente, tal examen tanatológico fue cuestionada por Luis Ravanal, médico chileno, master en medicina forense, debido a lo escueto del análisis. “La autopsia es incompleta, con numerosas omisiones descriptivas e insuficiente recolección de muestras, lo que impide actualmente determinar con certeza si se trata de una acción de tipo suicida u homicida”, señala.

En noviembre pasado, fue finalmente acogida por un tribunal en Panguipulli la querella criminal que Collío presentó contra quienes resulten responsables de la muerte de su mujer.

No son pocos los que califican la muerte de Macarena Valdés como un feminicidio ejecutado por sicarios. Es importante señalar que los asesinatos de mujeres y la violencia contra niños y jóvenes han sido temas de alta repercusión en la sociedad chilena, durante 2016.

Pedro Cardyn, de la Red de Organizaciones Socioambientales de Panguipulli, dice que, frente a lo que llama el “delirio energético” chileno existe un territorio que desea el diálogo “pero el Estado tiene que guardar las armas”, asevera.

A su juicio, este es un lugar donde se construye otro tipo de economía: “Queremos trabajar con el agua, con los glaciares, con los últimos bosques milenarios. Hay experiencias de senderismo con conciencia; está la reconstrucción de la memoria del Centro Cultural de Neltume; el fortalecimiento de la huerta mapuche, por parte del Koyagtug Koz Koz; la construcción de una economía de bajo impacto, sustentable, basada en la reciprocidad, que quizás nos permita salir del cataclismo en que está el planeta”.

*Publicado originalmente en la revista Punto Final, número 864 (11 al 24 de noviembre de 2016).

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