Ecuador

Desarrollismo y extractivismo

Francisco Hidalgo Flor Sociólogo. Investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador [email protected]

El despliegue del campo en el Ecuador en los años recientes atraviesa fuertemente por dos coordenadas que antes asomaban como opuestas pero que en la realidad se han conjugado: desarrollismo y extractivismo.

La fase más intensa de desarrollismo en la historia del Ecuador, a diferencia de la mayor parte de Latinoamérica, que lo vivió en el siglo anterior, se ha desplegado ahora entre 2007 y 2017 de la mano del régimen denominado progresista presidido por Rafael Correa.

La más intensa por varias razones: el proyecto político que adopta como eje el retorno del Estado logra una estabilidad y un consenso, poco frecuente en el Ecuador. Un solo mandatario que perdura una década y en los recientes seis años con una mayoría de dos tercios controlando la función parlamentaria.

A su vez ese Estado en expansión gozó de los recursos financieros más importantes en la evolución económica del país, fruto del incremento del precio de las materias primas, en especial el petróleo que aporta aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país, a lo que habrá que añadir el cambio en el porcentaje de recepción para las arcas estatales de las regalías del hidrocarburo.

Al mismo tiempo un Estado que incrementó notablemente la recaudación y la gama de tributos en el país, convirtiendo a la captación tributaria en la segunda fuente de ingresos estatales sólo superada por el ingreso petrolero, aunque cuando el precio del crudo se reduce debajo de los 35 dólares, pasa a ser el primer rubro.

Pero a la par, la más intensa ofensiva minera de la historia del Ecuador, que antes de esta década se había constreñido a tres o cuatro zonas en la región litoral y amazónica, pero que ahora abarca concesiones mineras a lo largo y ancho del país, en buena medida de la mano de empresas estatales y privadas chinas.

Como evidencia traer una declaración que dice mucho; en el mes de noviembre de 2016, en la primera visita de un presidente de la República Popular de China, Xi Jimping, al país, su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: “El financiamiento chino nos ha permitido ser el país de América Latina con mayor inversión pública”.

Destacan dos detalles: en la década reciente el principal proveedor de inversión extranjera directa y de crédito externo para el Ecuador ha sido China, y eso ha consolidado una estrategia de inversión que tiene al Estado como su principal ejecutor.

¿Qué ha pasado en el campo en esta década? El retorno del Estado en el campo entre 2007 y 2017 se expresó en el incremento de la infraestructura rural que conecta con lo urbano y los principales puertos y aeropuertos; la red de carreteras es el mejor ejemplo, también la expansión de la obra pública para el incremento de la productividad: represas hídricas y energía eléctrica. También una serie de subsidios al ingreso de las poblaciones consideradas en los márgenes de pobreza.

La principal estrategia gubernamental, denominada Cambio de la Matriz Productiva –expresada en dos cuerpos jurídicos: el Código de la Producción expedido en 2010 y la Ley de la Alianza Público-Privada expedida en 2015– significa que la columna vertebral de la acción de gobierno es la alianza entre el Estado y el agronegocio, para el impulso de la readecuación productiva alrededor de la exportación: banano, flores y camarón, y la expansión de los cultivos flexibles: caña de azúcar, palma aceitera y maíz duro.

En esta década el agronegocio en el Ecuador se expandió alrededor de los denominados “promisorios”, así los registros ecuatorianos indican que la producción en palma aceitera se ubicaba en 2007 en 1.8 millones de toneladas y para 2015 registró 4.1 millones; la caña de azúcar pasó de 6.5 millones a 10.1 millones de toneladas en el mismo periodo y el maíz duro de 900 toneladas a 1.8 millones de toneladas.

Algo que evidencia las tendencias generales en el campo es la evolución de superficie cultivada: en 2002 en cultivos permanentes se registraban 1.25 millones de hectáreas y en cultivos transitorios 1.15 millones de hectáreas, para 2015 los cultivos primeros ascendieron a 1.45 millones de hectáreas y los cultivos segundos descendieron a 970 mil hectáreas.

Digamos a favor del desarrollismo que en la década se mantuvo la tendencia de un 70 por ciento de la provisión alimentaria que viene del propio país y un 30 por ciento de importaciones, pero se expanden los cultivos ligados al agronegocio, ejemplo caña de azúcar y palma aceitera.

¿Qué pasó con la agricultura familiar y campesina? El complejo y abigarrado tejido social de la ruralidad ecuatoriana, que según el censo 2010 representa al 30 por ciento de la población total, que ha sido protagonista de primera línea en las movilizaciones sociales de los 90’s e inicios de la década del 2000 que dieron al traste con los regímenes neoliberales, ha debido afrontar ahora la ofensiva desarrollista, con consecuencias negativas en especial para los pueblos y las nacionalidades indígenas afectados por el agudo ángulo extractivista, pues buena parte de las regiones de la expansión minera se encuentra en territorios y zonas de población conformada por comunidades y aglomeraciones ancestrales y originarios.

En la agricultura campesina se han consolidado los cultivos ligados a la exportación, el ejemplo son el cacao y el café. Presentemos el cacao, que pasó a convertirse en el cultivo con mayor superficie, mientras en 2007 la superficie correspondiente a cacao solo (monocultivo) era 314 mil hectáreas y producía 73 mil toneladas, para el 2015 alcanzó las 448 mil hectáreas y una producción de 162 mil toneladas; en lo correspondiente a cacao asociado (diversificado), en 2007 era 108 mil hectáreas y producía 12 mil toneladas y para el 2015 se redujo a 88 mil hectáreas y 17 mil toneladas.

Es decir que dentro del cacao se afirman las líneas de monocultivo y especies modificadas y se debilitan las líneas de cultivos diversificados y especie nacional.

Pero el conflicto mayor no es la evolución en productividad, sino los problemas alrededor del tejido organizativo.

La principal organización indígena: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido constantemente acosada por sectores gubernamentales, con casos de acción divisoria y en otros de franca persecución.

La amazonia ecuatoriana ha sido profundamente transformada en esta década, la modernidad se ha expandido de la mano de la ampliación de la estructura estatal y el mejor ejemplo son los denominados “centros educativos del milenio”: la eliminación de escuelas rurales bilingües a favor de centros estatales con control directo estatal.

Diciembre contradictorio. Un buen ejemplo de todo lo indicado son los acontecimientos registrados en diciembre del 2016 y la afectación a pueblos indígenas en nombre del extractivismo.

Por un lado el gobierno de Correa impulsó y aprobó una nueva ley de impuestos que determina un impuesto sobre la ganancia extraordinaria generada alrededor de la especulación de suelo en tierra, en especial en las zonas urbanas, además expidió otro decreto que obliga a la banca privada al retorno de fondos financieros ubicados en el exterior, y finalmente impulsa una consulta popular que generaría la penalización y castigo para funcionarios y políticos con fondos en paraísos fiscales.

Pero por otro lado, al mismo tiempo, al cerrar el año, militariza una región de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, y persigue a las comunidades en la zona de Panantza, en un conflicto que involucra a la minera Explocobres que representa a capitales chinos. Asimismo, en consonancia con la ofensiva extractivista, ordena la clausura de una de entidades de sociedad civil con mayor prestigio y difusión como es Acción Ecológica.

Y para completar el cuadro expide, el 16 de diciembre, el reglamento a la Ley de Tierras que refuerza la normatividad que castiga la invasión o toma de tierras y reafirma el articulado a favor de empresas extranjeras públicas o privadas para compra o arrendamiento de tierras.

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