La Jornada del Campo

Luciane Cristina Costa Soares* y Hélio de Souza Morais Junior** *Doctora en Desarrollo Rural y maestra de la Universidad Federal Rural de la Amazonía **Geógrafo [email protected]

El contexto poco transparente en que se realizó en Brasil el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) sigue teniendo sus consecuencias. El país tiene hoy uno de sus gobiernos más conservadores desde el golpe militar de 1964. La primera decisión tomada por el presidente ilegítimo de la República, Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), en su primer día en el gobierno fue reducir el número de ministerios de 32 a 23: la Medida Provisoria MP 726/16 extinguió los ministerios de Cultura, Comunicación, Desarrollo Agrario y de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos, entre otros.

El proceso histórico de lucha de los campesinos y las comunidades tradicionales por una real reforma agraria y por tener un ministerio diferenciado del de Agronegocios terminó. Debieron transcurrir 18 años, desde 1982, cuando se creó el Ministerio Extraordinario para los Asuntos de Tenencia de la Tierra, para que en 2000, con la creación del Ministerio del Desarrollo Agrario con el decreto 3.338/2000, pudiera comenzar a abordarse de forma específica los problemas de la concentración de tierras y las especificidades de la producción campesina. La extinción de este ministerio por el actual gobierno, que transfirió sus competencias a la Casa Civil de la Presidencia de la República, muestra un retroceso sin precedentes en la lucha por el derecho a la tierra en el país.

El escenario político del país es motivo de mucha preocupación por parte de las comunidades indígenas y campesinas, pues vemos cómo se estrechan las relaciones internacionales del agronegocio y, por otro lado, se desmantelan derechos adquiridos por los campesinos, como es el caso de la extinción de la Oidoría Agraria Nacional, la cual había organizado una estructura de atención en los estados donde se facilitaba la denuncia de los casos de conflictos; también, la reforma de la Previdencia Social (Bienestar Social), que prácticamente impide la jubilación de las y los campesinos: el campesino pasa de ser un asegurado especial (con la jubilación dada por comprobación de tiempo de trabajo en la agricultura) a un esquema de contribución monetaria mensual con un lapso de aportaciones que cambia de 15 a 25 años, y con otros beneficios, como el permiso de maternidad y auxilio a la salud, vinculados al pago de las cuotas.

Ironías de la historia. El 13 de diciembre de 1968 fue la fecha en que se aprobó el Acto Institucional número 5 (AI 5), el cual suspendía los derechos constitucionales y cerraba el Congreso Nacional. El 13 de diciembre de 2016 fue aprobado, con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal del país, el proyecto de ley número 55 (PEC 55), por medio del cual el actual gobierno cambia el proceso de transferencias gubernamentales en tres puntos estratégicos: salud, educación y seguridad social, y se “congelan” por 20 años los presupuestos. Lo que vemos es un cambio en la lógica de organización presupuestaria del Estado, que con estas medidas convierte a la demanda social apenas en un asunto accesorio de las actividades del Estado, cuando antes era el corazón de su quehacer.

De acuerdo con la Medida Provisoria MP 746/16, que altera la Ley de Directrices de la Educación, LBD 9.394/96, la enseñanza primaria y secundaria deja de tener como obligatorias las materias de sociología, filosofía, artes, educación física, música e historia de la cultura afrobrasileña; asimismo, aumenta el tiempo escolar y elimina la obligación del Estado de dar gratuidad a la enseñanza primaria y secundaria, entre otros cambios.

Como respuesta a eso, las universidades, institutos técnicos y escuelas públicas de todo el país estallaron en huelga de estudiantes y maestros. Según informaciones del Sindicato Nacional de los Maestros de Educación Superior (ANDES), el movimiento involucró a más de 71 instituciones de enseñanza en todo Brasil, pero no se pudieron frenar los cambios en la Constitución. Hubo muchos registros de abuso de fuerza por parte de la policía en el proceso de retirada de los estudiantes de las escuelas, mismos que en su mayoría eran menores de edad.

Pero lo más nefasto de todo este escenario no es expuesto por los grandes medios de comunicación. Es el caso del pronunciamiento del actual ministro de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), Blairo Maggi, uno de los mayores productores de soya del país; él habló durante la Conferencia Mundial del Clima, la COP 22, en Marrakesh, el pasado mes de noviembre, y mostró lo que piensa el actual gobierno sobre los asesinatos y conflictos en el campo brasileño. Dijo: “Los asesinatos continuos en la región amazónica asociados a la posesión de tierras son resultado de diferencias personales y/o casos aislados”. Esta declaración generó reacciones y movilizaciones de las instancias que trabajan con estos conflictos, como es el caso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización que realiza amplia investigación sobre los conflictos agrarios en el país, y que realiza un registro de ellos desde 1985; los ha publicado en su libro Conflitos no Campo Brasil.

La CPT publicó un manifiesto de repudio al pronunciamiento del ministro, y recordó que los datos de Centro de Documentación “Don Tomás Balduino” muestran más bien un crecimiento de la inseguridad y de los conflictos en todo el país. La región amazónica, en el norte, sigue siendo la principal área de conflicto, con casi 75 por ciento del total nacional. El desplazamiento creció cerca de 110 por ciento en 2016, con 920 familias desplazadas y criminalizadas. Hasta finales de octubre hubo 39 asesinatos y 109 personas en situación de amenaza. Desde finales de 2015, la CPT viene observando el crecimiento de los conflictos y asesinatos en el campo, pero lo más grave es la falta de informaciones precisas y concretas sobre estos conflictos y muertes en tierras indígenas.

El proyecto energético basado en el monocultivo de la caña y la palma de aceite, junto con la construcción de hidroeléctricas y los grandes proyectos mineros en la región amazónica, han afectado fundamentalmente tierras indígenas. En Brasil, la legislación que reglamenta tierras indígenas es muy peculiar en comparación con los demás países de Latinoamérica. La extensión territorial del país propició una separación histórica entre indígenas y la población de los centros urbanos, y como consecuencia la gran mayoría los brasileños urbanos tiene casi nada de identificación con sus raíces indígenas; por otro lado, las comunidades indígenas permanecieron aisladas del proceso urbano. Este hueco en las relaciones sociales produjo muchos falsos discursos sobre la lógica indígena de reproducción y sobre nuestro origen.

La prueba cabal del proceso es el Proyecto de Ley PEC 215 defendido por los ruralistas en el Senado Federal. Dicho proyecto puede paralizar el proceso de demarcación de tierras indígenas y autorizar la construcción de emprendimientos con gran impacto dentro de los territorios. Este proceso fue denunciado por los propios líderes indígenas en la COP 21, en París, en diciembre de 2015.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha denunciado sistemáticamente los cambios que el gobierno de Temer pretende realizar en el proceso de demarcación de las tierras indígenas, y que contradicen acuerdos que Brasil ha firmado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estos procesos tienen estrecha relación con el crecimiento, en los meses recientes, de conflictos y asesinatos en las comunidades indígenas. Nara Baré, de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), y Patxon Kauapó, nieto del líder Raoni Matuktire, hablaron en la COP 21 de los conflictos en el país. Como ejemplo están los que ocurren con los indígenas Pataxó de Cumuruxatiba, en el estado de Bahía; en tierras de los Guaraní y Kaiowá, en el municipio de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul; el de los Xavante, en el estado de Mato Grosso; el de la comunidad Ka´apor de AltoTuriaçu, en el estado de Maranhao, y el de las tierras de los Mundurukus, en el estado de Pará.

Tierras indígenas Tembé, de la etnia Ture-Mariquita, localizada en el município de Tomé-Açu, estado de Pará, en la Amazonía
brasileña, donde se puede ver la expansión del monocultivo de la palma de aceite alrededor de las tierras de los Tembé