El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) violó la ley de presupuesto y su normativa interna, las cuales ordenan la devolución de los recursos no utilizados en un ejercicio fiscal a la Tesorería de la Federación, luego de que transfirió 2 mil 250 millones 600 mil pesos al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal en su última sesión del año pasado, realizada el 12 de diciembre.

La decisión contradice el reciente compromiso del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre medidas de austeridad, como ahorrar recursos por mil 900 millones de pesos, y contradice su promesa de no utilización y devolución al erario de ingresos excedentes.

En 2016, el CJF recibió un presupuesto de 55 mil 782 millones 115 mil pesos.

En víspera de cerrar el ejercicio fiscal del año pasado (y después de haber revisado el asunto con anterioridad sin llegar a un consenso), el pleno encabezado por Luis María Aguilar Morales, quien también preside la Suprema Corte, aprobó transferir al citado fideicomiso recursos derivados de ahorros y economías.

De acuerdo con documentación en poder de La Jornada, la decisión (votada cuatro a tres) fue impugnada por los consejeros José Guadalupe Tafoya Hernández, Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza, quienes aseveraron que se violaba la ley, ya que existe una prohibición normativa para transmitir recursos presupuestarios de otras partidas al patrimonio del fideicomiso, además que estaban obligados a devolver los recursos no utilizados al erario.

En esa sesión, trascendió, Tafoya Hernández sostuvo que los recursos públicos deben utilizarse en la medida que sean indispensables y no solamente por estar disponibles; amén de que existe prohibición expresa que no admite interpretación alguna y los recursos presupuestales que se aprobó transferir no pertenecen de origen a la partida destinada para tal fin.

Aguilar Morales, María del Carmen Hernández Álvarez, Rosa Elena Gómez Tirado y Jorge Antonio Cruz Ramos acordaron que los ahorros disponibles en las partidas de Seguros de Gastos Médicos Mayores (300 millones de pesos), Programa de Justicia para Adolescentes (789 millones que no se ejercieron porque aún no entra en operación el Sistema Integral de Justicia) y del Programa de Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales (mil 161 millones 600 mil) para un total de 2 mil 250 millones 600 mil pesos fueran transferidos a la partida 745-02 del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura.

La minoría argumentó que el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que fueron destinados. Lo cual no ocurrió.

Precisaron que la normativa le permite al CJF pasar recursos de una partida a otra sólo para atender gastos judiciales durante el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente, pero no transferirlos para el ejercicio fiscal del año siguiente (2017).

Además, el artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala: Queda prohibido constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos, con ahorros, economías y subejercicios del Presupuesto de Egresos, que tengan por objeto la concentración de recursos en la Tesorería al final del ejercicio correspondiente.