Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, denunció ante el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, que las autoridades mexicanas pretenden girar nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

La activista le hizo saber que el gobierno mexicano no ha cumplido con garantizarle las medidas de seguridad para volver al país. Asimismo, le pidió exhortar al fiscal de Guerrero, Javier Olea, a que se desista de las apelaciones contra su sentencia de libertad.

No sólo han incumplido las recomendaciones que les hizo la ONU, sino que quieren abrir nuevas acusaciones. Lo que pretenden es mantenerme alejada de mi comunidad, señaló en entrevista.

Como parte de su primera visita a México, Forst se reunió con activistas de la Red de Defensoras de Derechos Humanos y, vía Skype, con Salgado, quien desde su excarcelación, en marzo 2016, vive en Estados Unidos. En el encuentro informaron también al funcionario de la ONU que, de 2010 a la fecha, 41 activistas y periodistas han sido asesinadas.

El relator se comprometió a solicitar a la fiscalía de Guerrero información sobre las nuevas denuncias contra Salgado, así como a preguntar a las autoridades federales acerca del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU, como la reparación del daño, indicó la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

En agosto de 2013, la activista fue detenida y acusada de secuestro y delincuencia organizada. Pese a que no existían pruebas para sostener los cargos, no fue liberada hasta marzo de 2016. Ahora, misteriosamente, todas las supuestas víctimas están en un solo bufete de abogados, aunque no se conocen entre sí, apuntó vía telefónica.

La líder comunitaria indicó que, desde el principio, su caso ha estado plagado de irregularidades. A la juez que llevó mi expediente nunca la miré, hasta que me dio el auto de libertad; nunca me pusieron ante una autoridad y nadie se presentó a los careos.

Debido a que no hay condiciones para que regrese a México, dijo, no ha podido recuperar su cuenta bancaria ni sus bienes. Me da desesperación, me siento exiliada; una cosa es que te quieras salir de tu país y otra que te estén obligando. Necesito regresar a mi tierra para recobrar mi cuenta; me dejaron en la calle, reclamó.

Por otro lado, integrantes del Frente Indígena y Campesino se manifestaron en la sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Exigieron que ese organismo exprese una postura más firme ante el despojo de tierras y la represión a los pueblos indígenas.

Felipe Rodríguez, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), señaló que empresas mineras, eólicas y refresqueras llevan a cabo agresiones ecocidas y genocidas. Varios de nuestros miembros han sido asesinados y 30 son presos políticos.