México sigue siendo un país extremadamente peligroso para las personas defensoras del medio ambiente. Entre 2010 y junio de 2016 se perpetraron al menos 303 ataques directos a personas y comunidades, con actos que van desde agresiones, hostigamiento y criminalización, hasta encarcelamiento y homicidio.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), todos los casos están vinculados a la aplicación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala, así como a la industria extractiva.

En conferencia de prensa, donde presentó su último informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, la organización civil da cuenta de los recientes 63 ataques, registrados entre julio de 2015 y junio de 2016, donde identificó que estas agresiones se cometieron en 18 de los 32 estados del país. El estado de México, Sonora, Oaxaca y Puebla son las entidades que tienen el mayor número de casos documentados.

Alejandra Leyva, abogada e investigadora del organismo, citó que los megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, seguidos de los mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7), aunque también hay casos de planes inmobiliarios, eólicos, turísticos, siembra de transgénicos y tala clandestina.

Es evidente que se trata de megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales, señala el documento de 48 cuartillas.

Además, revela que de las agresiones ocurridas en el último año, 43 por ciento provinieron de autoridades de los diferentes niveles de gobierno del Estado mexicano, 14 por ciento fueron cometidas por particulares y 7 por ciento por personal de las empresas, entre otras.