n día después de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pretendió explicar una balacera en Playa del Carmen (que dejó cinco muertos y 15 heridos) como un conflicto personal entre dos sujetos, la fuerza del crimen organizado volvió a estremecer a un punto clave del turismo nacional e internacional, esta vez Cancún, donde un grupo armado asesinó a dos funcionarios públicos, disparó contra edificios gubernamentales e instaló durante horas un ambiente generalizado de zozobra.

La violencia criminal se ha producido en el periodo de transición de los grupos que habían controlado políticamente la entidad, encabezados por los ex gobernadores priístas Félix González Canto (periodo 2005 a 2011, actualmente senador) y Roberto Borge Angulo (de 2011 a 2016, acusado actualmente ante la fiscalía estatal por enriquecimiento ilícito y peculado), y la llegada de Carlos Joaquín González (CJG), medio hermano del actual secretario federal de Energía, Pedro Joaquín Coldwell (que también fue gobernador del estado), quien fue obstruido por González Canto y Borge Angulo para ser candidato a gobernador por el PRI, ante lo cual el citado Joaquín González fue registrado como candidato de oposición por PAN y PRD, con lo cual llegó al poder ese muy evidente priísta y peñista CJG, quien había sido subsecretario federal de turismo en la presente administración federal.

Al batidillo de intereses de ex gobernadores en pugna se suma muy ilustrativamente el regreso a México (programado para hoy) de Mario Villanueva Madrid, apodado El Chueco, quien cumplió una condena en Estados Unidos, habiendo sido extraditado desde México, y ahora deberá permanecer 22 años en prisión domiciliaria mexicana debido a su maltrecho estado de salud. Villanueva Madrid fue sentenciado por delitos contra la salud y actividades generalmente mencionadas como lavado de dinero.

Los sucesos recientes, en Playa del Carmen y en Cancún, rompen con la apariencia sonrosada que se ha pretendido sostener en Quintana Roo. Narcotráfico, trata de personas, cobro de derecho de piso, secuestros y asesinatos forman parte del verdadero rostro de esa entidad, cuyas carátulas internacionales de gran placer se sustentan en una realidad cada vez más dramática, con una clase política profundamente involucrada en esas actividades criminales.

En la madrugada del sábado 14 del presente mes, policías de Guanajuato se abalanzaron, en persecución de presuntos delincuentes, al interior de una finca en la que dormían el velador del inmueble, su esposa y sus tres hijos, Gabriel, Mateo y Juan Adrián, de 11, ocho y cuatro años, en ese orden. En esa acometida, de la cual cada parte da una versión, terminaron asesinados (el término más adecuado sería ejecutados) los tres menores de edad.

La policía aseguró que el asesino fue el propio padre, y en esa ruta se ha mantenido el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez. La esposa del presunto asesino ha defendido la inocencia de éste y ha asegurado que los policías ingresaron a la casa que cuidaban sin identificarse, que dispararon, los golpearon y que un agente con guantes le devolvió a su cónyuge su propia pistola de velador, ya disparada (tanto por él, que había hecho fuego contra unas escaleras, creyendo que estaba frente a asaltantes a los que quiso ahuyentar, como por los propios policías que se la habían retirado), para que la sostuviera en una mano, con lo que las pruebas periciales le señalan como culpable (https://goo.gl/0lb4b2).

La acusación contra el velador Antonio Luna Luna ha generado una fuerte desconfianza respecto de la versión oficial y consecuentes manifestaciones de protesta (hubo, además, un sepelio de los tres niños, muy emotivo y concurrido: https://goo.gl/0lb4b2. En este video, una persona, con el rostro descubierto, asegura que de la finca en mención se llevaron secuestradas a ocho personas, pero la prensa no dice nada). Ayer, por ejemplo, la audiencia ante un juez fue cambiada de hora, sin previo aviso, para iniciar dos horas antes de lo originalmente anunciado, lo que impidió la presencia oportuna de la prensa. Al velador, además, ahora se le acusa de tentativa de homicidio contra cinco personas, que se supone son los cinco policías que participaron en los hechos en que fueron asesinados los tres niños (parte de los datos de este recuento fueron tomados del portal www.zonafranca.mx).

El gobernador de Baja California, el panista Francisco Vega de Lamadrid (llamado Kiko, lo que ha permitido que allá se hable de Kikorrupción en el estado), anunció ayer el envío de una iniciativa al Congreso local para que se abrogue la ley de aguas que él mismo había propuesto y que ya habían aprobado esos mismos diputados. La decisión oficial se produjo luego de las multitudinarias e intensas protestas que se realizaron en lo que va del año contra el gasolinazo pero, además, contra el plan de privatización del servicio de agua potable que entraña la ley que ahora se deroga. En Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, también reculó en días pasados, debido a las vigorosas protestas, en cuanto al porcentaje de cobro de la tenencia de automóviles, y anunció medidas de austeridad.

A Felipe Calderón y a su esposa, Margarita Zavala, corresponderá la pelea directa contra el moreirismo en Coahuila, donde el PAN decidió (entre divisiones internas) postular como candidato a gobernador al compadre de Calderón, Guillermo Anaya, quien ya había intentado llegar a ese cargo con Felipe en Los Pinos. La medida parece ser una cesión de Ricardo Anaya, presidente del PAN, para frenar la campaña de descalificación del calderonismo en su contra. Falta ver si esos enjuagues internos del PAN acabarán permitiendo que el moreirismo siga en el poder, con Miguel Ángel Riquelme como candidato y representante. ¡Hasta mañana!

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