En el inicio de su visita oficial de nueve días a México, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, recibió un cúmulo de testimonios y casos de abusos y violaciones de garantías básicas de los activistas.

Varios de los casos están relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, violación al derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas para la ejecución de megaproyectos en sus comunidades, o de abiertas amenazas, agresiones y criminalización cometidas por las empresas y por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Uno de los casos es la situación que enfrentan los defensores de la comunidad del ejido La Sierrita, en Durango, zona con importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los pasados 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a la empresa Excellon de México, la cual es acusada de violar persistentemente el contrato con los ejidatarios.

Tras varios años de incumplimiento, en 2012 los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el tribunal unitario agrario del distrito sexto con sede en Torreón, Coahuila, por rescisión del contrato. Las respuestas a los ejidatarios han sido amenazas, hostigamiento y violencia por parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de protección patronal.

Los integrantes de la organización ProDESC, que acompaña y asesora a la comunidad, han sido blanco de campañas de desprestigio y criminalización, así como el allanamiento de sus oficinas.

Tras un largo juicio de cuatro años, en noviembre pasado, el tribunal dictó el término de la relación contractual entre ejidatarios y Excellon, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras que ocupa, así como el pago de una cláusula penal establecida en el contrato por un monto de 5.6 millones de pesos en favor del ejido.

El relator también escuchó a representantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco de Oaxaca, quienes expusieron las violaciones y afectaciones que enfrentan, debido a la instalación de parques eólicos y la falta de consulta a las comunidades.

De igual forma fue presentado el caso de Nestora Salgado, pues la fiscalía apeló de los autos de libertad y porque todavía existe una criminalización en su contra, además de que varios compañeros siguen injustamente en prisión.