La cúpula empresarial afirmó que las movilizaciones contra el gasolinazo, las cuales unieron a diversos sectores y grupos de la sociedad, fueron impulsadas por el hartazgo de la corrupción y el manejo de los recursos públicos.

Hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los aumentos en los precios de la gasolina: el elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos en México; el clamor para que haya un cambio efectivo y a fondo en ese sentido, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por tanto, consideró que este año debe ser el inicio de una verdadera cruzada nacional para abatir la corrupción y la impunidad, y de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. No más escándalos sin aclaración o en la impunidad. La sociedad no puede seguir cargando con los pasivos que deja la corrupción, agregó Castañón.

Estimó indispensable la cruzada para reconstruir la confianza en las instituciones, las cuales, dijo Castañón, han sido socavadas hasta un punto inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase política.

Indicó que la estabilidad y la cohesión social dependen de establecer ya un freno a la corrupción, pues es la vacuna contra amenazas como el populismo y la polarización social. Y no puede haber estabilidad económica sin estabilidad social.

El presidente del CCE advirtió de que el Sistema Nacional Anticorrupción quedará como un recurso gatopardista más y pidió a la sociedad involucrarse en su puesta en marcha. Tenemos, todos, que involucrarnos para asegurar que se consolide su andamiaje institucional y operativo y, sobre todo, que funcione.

Sostuvo que se requiere una Secretaría de la Función Pública que realmente sea un órgano de control y disciplina interno efectivo y sea ejemplo a seguir en los estados y municipios. Además, planteó la necesidad de una Auditoría Superior de la Federación que realice revisiones especiales y en tiempo real para integrar expedientes que faciliten la sanción oportuna.

Nuevamente: pasar de la denuncia en la prensa a la denuncia ante la ley y la sanción aplicable, aseguró el dirigente del CCE.

Entre las propuestas del organismo, Castañón pidió una fiscalía anticorrupción con autonomía plena de gestión para que investigue y lleve al Poder Judicial casos tipificados como delitos, trátese de quien se trate; representante de la sociedad y no del poder político en turno.

También solicitó un tribunal anticorrupción que realmente sea autónomo para emitir sanciones administrativas y que sea parte en los casos que le sean presentados por cualquier órgano de control.