Los siete ex magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejaron sus encargos tras una década, con un velo de opacidad en torno a sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, ya que todas son confidenciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió lo anterior después de un tortuoso proceso en el que primero negó a este diario tener competencia para responder sobre la existencia de dichos documentos generados de 2006 a 2016.

Pero después determinó que eran confidenciales por la negativa de los ex magistrados María del Carmen Alanís, José Alejandro Luna Ramos, Flavio Galván, Constancio Carrasco, Salvador Nava Gomar, Pedro Esteban Penagos y Manuel González Oropeza de hacerlos públicos.

Dicha información es relevante, ya que dichos ex magistrados ganaron cada año 4.5 millones de pesos netos, lo que daría un total de 45 millones de pesos en una década, según los presupuestos de Egresos de la Federación aprobados por la Cámara de Diputados en ese periodo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que los magistrados están obligados a cumplir con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés ante la SCJN. Sin embargo, el 10 octubre pasado su Coordinación de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información contestó vía sus oficinas de transparencia que la información solicitada no era de su competencia.

Por tanto, orientó a la solicitante ‘‘para que presentara su petición ante la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)’’, según la respuesta dada al recurso.

Se presentó después una petición al tribunal electoral y se interpuso el recurso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, alegando que los magistrados de la sala superior están obligados por ley a presentar sus declaraciones a la Corte.

El 3 de noviembre, el día en que seis magistrados del tribunal electoral involucrados en la petición finalizaron su gestión (sólo Luna Ramos concluyó en 2015), dicho organismo respondió que por sus atribuciones ‘‘no genera ni posee la información’’ solicitada.

Transcurrieron casi dos meses desde que se presentó la petición y el 30 de noviembre la SCJN reconoció que el ministro presidente, por conducto de la secretaría general de la Presidencia, tiene la facultad de recibir y salvaguardar las declaraciones de situación patrimonial que presentan los magistrados electorales.

Informó además que estas declaraciones son de situación patrimonial inicial, de conclusión o de modificación. Pero las clasificó como confidenciales, como lo hizo después el comité de transparencia del máximo órgano del Poder Judicial.

Ambos argumentaron que la difusión de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, según diversas normas.

‘‘En el presente caso, no se cuenta con la autorización para hacer públicas las declaraciones patrimoniales solicitadas, y por ello se trata de información confidencial, conforme a los preceptos citados y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental’’, señaló en un oficio.

El 5 de enero, el Inai ratificó, lejos de la primera respuesta de la SCJN: el TEPJF deberá de declarar formalmente su incompetencia para conocer de las declaraciones patrimoniales y de interés de los magistrados.