El PRI y PAN en la Asamblea Constituyente impidieron ayer incorporar en la carta magna de la Ciudad de México el reconocimiento de la actividad de los maestros como una función primordial y la obligación de la autoridad de garantizar su estabilidad laboral, derechos sindicales, de profesionalización y actualización continua, así como un sistema de evaluación local.

En la discusión del artículo 13, titulado Ciudad educadora y del conocimiento, el diputado de Morena Bernardo Bátiz Vázquez logró incluir su propuesta para ser discutida por el pleno, en la que cuestionó la evaluación derivada de la reforma educativa, que más que un mecanismo de medición y corrección, continúa esquemas de control político y privación de derechos laborales a los maestros, pero no alcanzó la votación para ser incorporada al texto.

El panista Carlos Romero Hicks y la priísta Cynthia López Castro salieron en defensa de la reforma educativa al afirmar que en ésta no se señala en ninguna parte que la evaluación deba ser punitiva y advirtieron que incorporar la reserva de Bátiz llevaría la carta magna local a una controversia constitucional.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo lamentó que del texto original se extirpó, por preocupaciones de las altas autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de que la ciudad, en coordinación con las autoridades federales y las universidades, participara en la formación del personal docente.

Calificó de mezquindad la posición de altos funcionarios del gobierno, que no quieren que el Distrito Federal deje de serlo para efectos de educación. No lo quieren soltar, que les hagan competencia, ése es el fondo.

La votación fue de 45 votos a favor y 37 en contra, menos de las dos terceras partes requeridas para insertarla en el texto. Más adelante el también diputado de Morena Jesús Ramírez Cuevas insistió con una reserva similar, pero ni se admitió para discusión.

Entre algunas de las modificaciones que se hicieron al dictamen, se incluye que las autoridades apoyarán la formación de técnicos y profesionales para la generación de proyectos de investigación vinculados a la solución de problemas y el desarrollo económico y social de la ciudad; contar con un programa de desarrollo científico y tecnológico que se integre al Plan General de Desarrollo de la ciudad y destinar una partida específica para ciencia y tecnología que no podrá ser menor a 2 por ciento del presupuesto de la capital.