Xalapa, Ver.

Un grupo de ejidatarios de Tatahuicapan se apoderó de la presa Yuribia y cerró las válvulas que abastecen a medio millón de habitantes de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Los inconformes exigen al gobierno del estado 2.5 millones de pesos mensuales a cambio del líquido que reciben los usuarios de la región, y recordaron que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, aún prófugo, se firmó un acuerdo.

El actual mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que en la administración pasada se entregaban 2.5 millones de pesos mensuales a Lino González Bautista (o Lino González Cruz), quien repartía el dinero entre integrantes de su organización.

Quienes encabezan este movimiento han recibido en dos años casi 60 millones de pesos en efectivo porque el gobierno anterior cedió a la amenaza de cerrar la presa, pero él, advirtió, no cederá al chantaje.

En conferencia de prensa, el panista dijo que como secretario de Gobierno (en la administración de Patricio Chirinos Calero, de 1982 a 1988), enfrentó este problema “y no cedimos al chantaje; logramos resolverlo y se procesó a los responsables de dejar sin agua a medio millón de personas.

El gobierno del estado y los veracruzanos son los dueños de esa presa, y la nación es la propietaria del agua. Nadie puede reclamar para sí la propiedad de un yacimiento, de una presa, de una instalación hidráulica que se hizo con dinero del gobierno mexicano.

Además de Lino González, quien tiene pendiente una orden de aprehensión, Yunes Linares responsabilizó de la protesta a Eloy González Bautista, delegado estatal de Morena, y María del Rocío Pérez Pérez, diputada local por el mismo partido. Esta última se deslindó de la protesta.

El gobernador continuó: “Me preocupa que al discurso pacifista y de respeto a la ley se oponga la violencia de dirigentes políticos a quienes no les importa afectar los derechos de más de medio millón de habitantes.

El convenio que suscribieron representantes del gobierno de Veracruz con los dirigentes de esa comunidad es el más claro ejemplo de que durante el gobierno de Javier Duarte no se respetó la ley, no hubo estado de derecho, por el contrario, se negoció la ley, llegando a disponerse en el convenio que el gobierno del estado no emprendería acciones penales contra quienes cierren las válvulas.

Yunes Linares advirtió que él no pagará a los ejidatarios y hará valer el estado de derecho.