Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron preocupadas por la criminalización, en el contexto de las protestas por el gasolinazo, que los diferentes niveles de gobierno llevan a cabo contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Denunciaron que desde los primeros días de estas protestas, en casi todo el territorio nacional se han dado actos de policías de diversas corporaciones que atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.

Por ejemplo, documentaron, se han reportado detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines contra manifestantes. Sólo el 2 de enero fueron detenidos seis estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, así como cinco personas en Guadalajara y cinco más después de un bloqueo en la carretera México-Toluca.

En el estado de México se reportó, mediante videos en redes sociales, que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego durante las protestas.

En un pronunciamiento conjunto, la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Serapaz y la Red TDT, entre otros, pidieron a las autoridades abstenerse de realizar cualquier acción que derive en el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, privilegiando el diálogo y velar por la seguridad de las personas.

De igual forma, pidieron a los organismos estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal para supervisar y vigilar el desarrollo de las protestas.

Así, las organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) también pidieron solicitar, conforme a las facultades legales, medidas precautorias para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad individual.

En su pronunciamiento, la docena de organizaciones que integran el frente señalaron que en México hay un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y una tendencia creciente de medidas que buscan limitar esta libertad, como iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones e incluso permitiendo detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública.