El juzgado primero de distrito con sede en Yucatán otorgó un amparo para que un niño de 10 años de edad que padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no sea objeto de discriminación por autoridades educativas de esa entidad, ya que debido a su padecimiento fue dado de baja de la escuela a la que asistía.

La determinación judicial obliga a las autoridades educativas del estado de Yucatán a proponer un plan de trabajo educativo, orientado a lograr su inclusión adecuada en la comunidad educativa a la que pertenece; en ese plan deberán establecerse las acciones que habrá de llevar a cabo la directora de la escuela y los maestros.

Con ello, el juzgado busca que se adopten acciones que garanticen el derecho humano a una educación sin discriminación y protejan el interés superior del menor y, con base en criterios jurisprudenciales, así como en tratados internacionales, concedió el amparo para garantizar el derecho humano a la educación sin discriminación, así como en observancia al interés superior del menor que protegen diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.

Sin comprensión ni atención adecuadas

Este recurso fue presentado por la madre del menor, argumentando que él había sido dado de baja de la escuela a la que estaba inscrito, debido al rechazo generalizado de compañeros, padres de familia y maestros, pues no se comprendió ni se atendió adecuadamente el padecimiento que tiene, indicó el juzgado en su resolución.

La sentencia dictada se sustentó su resolución en los artículos primero, tercero y cuarto de la Constitución federal, así como en precedentes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las características del TDAH, lo cual es relevante en tanto que permite la protección de los niños con necesidades educativas especiales para que sean incluidos apropiadamente en la educación regular, y lograr que ejerzan su derecho a la educación básica sin discriminación por razón de su padecimiento.

Esta resolución también establece que las autoridades de Yucatán deberán atender al menor con un sicólogo especializado a fin de que lo asista en su educación, dado que la autoridad ya se lo había proporcionado, pero no pudo lograr el objetivo propuesto, porque el menor fue dado de baja.