in más orientación política que las necesidades del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para enfrentar la crisis financiera y posicionar electoralmente al Partido Acción Nacional (PAN), la versión veracruzana del Pacto por México peñista ante la debacle del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emuló la maniobra realizada por el gobierno federal con PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y lo adaptó a la nueva realidad local después del 5 de junio, cuando el tricolor cayó al cuarto lugar tras la irrupción del partido Morena como segunda fuerza política.

Así, los acuerdos y concesiones entre esos tres partidos se deciden a partir del liderazgo de la coalición PAN-PRD, llevando de comparsas al PRI, a sus aliados y a los independientes. Los efectos ya se han visto, particularmente en la legislatura, con el voto favorable a la mayoría de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo.

Dejando de lado la reformulación del presupuesto anual, que, con excepción de Morena, fue aprobado por el minipacto jarocho, resultó notoria la acogida afectuosa a la candidatura de Jorge Winckler Ortiz para ocupar la Fiscalía General del Estado por los próximos nueve años, después de que se cuestionara su imparcialidad e independencia dados sus lazos profesionales con el gobernador. Nuevamente, la bancada de Morena fue la única que se opuso a la aprobación expedita de dicho nombramiento.

Más allá de que el yunismo sólo lleva unas cinco semanas gobernando formalmente el estado, es en la legislatura donde se puede apreciar con claridad que la enconada campaña , con todo y guerra sucia, pareció quedar en el olvido, y los acérrimos rivales, PRI y PAN, guardaron las afrentas en aras de los acuerdos a fin de permitir a Yunes Linares gobernar el estado en condiciones favorables para su proyecto, lo que se veía impensable unos meses atrás.

Así, no se escuchan las voces de la oposición en defensa de cientos de empleados gubernamentales despedidos al vencer sus contratos o ser tachados de aviadores.