Buenos Aires

En la primera acción represiva del año 2017, delegados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que intentaban reunirse con autoridades por el despido de 3 mil trabajadores, en un encuentro anunciado el fin de año, fueron golpeados y pateados este lunes por policías que ocuparon, rodearon y vallaron el Ministerio de Educación, en un despliegue de fuerza inusitado.

Delegados de la ATE llamó a un paro de 24 horas para este martes y llamó a rodear con un abrazo la sede del Ministerio en rechazo a esta situación. Añadieron que iban a esperar en asamblea la respuesta del gobierno que se había comprometido a recibirlos esta tarde

Pero La respuesta fue la violencia institucional. Al hostigamiento y la persecución ahora le suman la policía. Es doblemente violento: primero te despiden y después te ponen al verdugo en la puerta. Las sedes están todas valladas para impedir que nos reunamos, cuando no hay nada más democrático que los trabajadores podamos hacer asamblea, señaló Rodrigo Recalde, delegado de ATE, quien asistió auna clínica donde certificaron los golpes que recibió.

Por su parte, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) organismo de derechos humanos presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su rechazo a los despidos y recortes en el Ministerio de Educación y Deportes de Nación. Por decisión del (ministro) Esteban Bullrich, se cierran aulas virtuales destinadas a la formación docente, lo que significa que 130 mil docentes no concluirán su pos título y no se les renovará contrato a 2 mil 600 educadores, tutores virtuales.

También denunció que desmantelaron los Programas Nacionales Socio-Educativos y el Programa de Formación Permanente Nuestra Escuela, que se encargaban de formar a maestros en forma gratuita en distintas áreas y dar capacitación en todo el país. A estos despidos, se suman otros 400 en diversas áreas del Ministerio, como el Programa Coros y Orquestas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Programa Centro de Actividades Juveniles, la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos y el área de Recursos Humanos, entre distintos sectores.

En un comunicado, la SERPAJ denunció: Esto significa un retroceso en las políticas de inclusión y significa vaciar la educación atentando contra el derecho a la capacitación gratuita, universal y en servicio, eliminando puestos laborales de los docentes a cargos de esos programas. Además cierran especializaciones en Tecnologías de Información y Comunicación, Educación y Memoria, Problemáticas de las Ciencias Sociales, Educación Intercultural Bilingüe, entre muchas otras.Es necesario volver atrás. Que la educación sea prioridad y no el ajuste y los despidos.

Paralelamente, la tarde de este lunes cientos de vecinos protestaban en distintos puntos de la ciudad contra los cortes de luz; y en el barrio capitalino de Flores hubo una nueva marcha por seguridad ante una serie de muertes en el marco de tiroteos e intentos de robo, y en rechazo a las respuestas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien minimizó la situación.

Oscar Echimborde, el padre de Jonathan, un joven de 28 años quien murió el martes pasado en medio de un tiroteo en el barrio de Mataderos, acusó a la policía de matar a su hijo y contó como intentaron encubrir todo.”Yo voté un cambio y ahora perdí a mi hijo. Mirá que cambio, eh”, sostuvo el padre en una radio local.

El ambiente en general comenzó a tensarse a nivel nacional por el anuncio de nuevos aumentos que incrementarán los tarifazos del año pasado en gas, luz, impuestos, combustibles celulares, medicina pre pagada y otros . Además se derogaron normas impositivas que beneficiaban a jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por hijo, en momentos en que los alimentos han aumentado más de 40 por y el consumo desciende en todo el país.

En otros temas clave, causó polémica un saludo de fin de año del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, que incluía un mapa Argentina, donde no figuran las islas Malvinas, lo que unido a la política del presidente Mauricio Macri que ignora el tema de soberanía y negocia con Gran Bretaña, en detrimento del país, produjo una ola de rechazo que causó la convocatoria de una fuerte movilización este martes en la capital, en la que participarán ex combatientes apoyados por diversos sectores de la sociedad.

La ex embajadora de Argentina en Reino Unido Alicia Castro denunció esta situación y recordó la serie de declaraciones tanto del presidente Macri y sus funcionarios, que no muestran ningún interés en recuperar las islas argentinas ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833.

Otro anuncio en este primer día laboral del año, cuando se preparan nuevos y duros ajustes, fue un decreto (otro más) del gobierno de Macri publicado en el Boletín Oficial que autoriza que a partir de enero de 2018 las empresas de telecomunicaciones brinden simultáneamente los servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet.

Esto significa una mayor concentración fuera de la ley, sostiene la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), y señalan que el gobierno nacional vuelve a violentar la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones .

El nuevo decreto (1340/16) afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom, sostiene CCD que hace apenas un mes denunció el desmantelamiento del orden jurídico, el incumplimiento de las promesas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y los peligros que acarrea gobernar por decreto, negando la comunicación como derecho ciudadano y de las audiencias.

La CCD advirtió que la captura regulatoria del mercado de las comunicaciones, el sometimiento político de los órganos de aplicación y los negocios de grupos amigos, son los únicos resultados de su gestión en el primer año de gobierno y denuncian que el nuevo decreto permite al Ente Nacional de Comunicaciones creado por este gobierno “disponer del espectro radioeléctrico —recurso natural patrimonio del pueblo argentino—a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida”.

El decreto además liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina, al autorizar la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles “para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín —para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate”.

El decreto también protege al Grupo Clarín, al impedir hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados.

Causas contra el gobierno

Ante la denuncia de varios legisladores de oposición sobre la compra a Corea del Sur de máquinas para voto electrónico por parte del gobierno de Macri, cuando este proyecto fue rechazado por el Congreso, el juez Federal Ariel Lijo determinó una acción en el Aeropuerto de Ezeiza, para establecer si allí hay contenedores con ese material y abrió una causa , entre las varias que existen contra hechos de corrupción en un año de la actual administración de la formación Cambiemos, de Macri.

Existe además una causa por el decreto gubernamental que habilitó a los familiares de funcionarios a ingresar al sinceramiento fiscal, donde están imputados el presidente , el jefe de gabinete, Marcos Peña; y al ahora ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, todos ellos por por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Por la firma del memorándum con Qatar, que significa la creación de una estructura offshore utilizando ilegalmente fondos de la la Seguridad social estatal (el dinero de los jubilados) además de Macri fueron imputados la vicepresidenta Gabriela Michetti, la canciller Susana Malcorra, el ex vicecanciller Carlos Foradori, el titular de Anses (Seguridad Social), Emilio Basavilbaso, y el secretario de Coordinación Mario Quintana.

Hay 50 funcionarios imputados , además de las 50 compañías offshore del presidente y su familia.

La lista continúa, pero es evidente la lentitud de la justicia en todos los casos gubernamentales, que están en manos de jueces amigos