os augurios para el arranque de 2017 no son nada alentadores. Hasta hace poco, la pesadilla de los mexicanos en general y de los guerrerenses en particular era el anuncio de aumentos a las tasas tributarias en vigor o la creación de impuestos, aspecto éste en el cual los legisladores hacían brillar su ingenio y creatividad.

El incremento promedio a los combustibles (14.20, 20.10 y 16.50 pesos por litro de Magna, Premium y diésel, respectivamente) se ha convertido ahora en la pesadilla, no sólo de los poseedores de vehículos automotores y concesionarios del transporte público, sino de la población en general, pues de cualquier forma recibirán el impacto en su economía.

A partir del domingo primero de enero, si no es que desde ahora o en el momento en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo el anuncio, se desencadenará una oleada de incrementos de precios de productos y servicios; analistas financieros ya prevén una inflación anual de 5 por ciento.

De esta forma, tan ruda como cruel, el régimen federal traiciona la palabra empeñada al principio de la administración de que en este gobierno no habría más gasolinazos.

En el caso de los guerrerenses, su situación se agrava, toda vez que el aumento a los combustibles y su cauda de repercusiones destructivas se suma a la inseguridad, la violencia y la incapacidad de las autoridades para resolverlas.

Solamente falta, para completar la catástrofe, que una vez que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, cumpla su amenaza de expulsar a todos los migrantes.

El gobierno estatal se verá muy atareado lidiando con la inconformidad y otros efectos de las alzas a las gasolinas y el diésel, las protestas por los cotidianos derramamientos de sangre, las extorsiones, los secuestros y los cobros de derecho de piso. Así, la repatriación de más de 2 millones de paisanos colapsarán a la entidad al no haber capacidad de darles vivienda, servicios públicos y empleo; eso, sin contar las movilizaciones diarias derivadas de problemas actuales como la ineficiencia de los servicios públicos, los problemas en el sector educativo, que las autoridades han sido incapaces de resolver, y las presiones de diversos grupos afectados por el crimen organizado.

Tal perspectiva constituye, pues, el regalo de Año Nuevo para los guerrerenses.