l sábado 5 de enero de 2013, como a las 11 de la noche, Eusebio Alvarado García, comisario de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, fue interceptado en su domicilio por miembros de la delincuencia organizada en la región de Ayutla de los Libres, Guerrero. Eusebio recién llegaba a su casa con la noticia de haber sido elegido como segundo comandante del grupo de autodefensa promovido por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Esa tarde se había realizado una asamblea regional de autoridades comunitarias en El Potrero, perteneciente a Tecoanapa, donde estuvieron representantes de los municipios de Cuautepec, San Marcos, Cruz Grande y Ayutla. Días antes habían planeado acciones conjuntas para hacer frente a la delincuencia. Tenían pruebas que las policías municipales y ministeriales apoyaban al Cholo, uno de los líderes más peligrosos de la Costa Chica. En la asamblea tomaron la decisión de formar varios grupos de policías con sus respectivos comandantes.
La desaparición del comisario de Rancho Nuevo puso a prueba su valor y decisión. En menos de cinco horas dieron con el paradero de Eusebio. Este operativo levantó el ánimo de las comunidades, que sin temor a nada decidieron tomar en sus manos la seguridad de la cabecera municipal de Ayutla. El mismo domingo 6 de enero llegaron 800 policías ciudadanos para desmantelar la estructura delincuencial y detener a 54 elementos que trabajaban para el Cholo.
A casi tres años de la irrupción de las autodefensas, el pasado 11 de diciembre, en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, las pocas familias que permanecen en la cabecera municipal decidieron formar un grupo de autodefensa. Después de padecer múltiples extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del grupo delincuencial Los Tequileros, que es una escisión local de La Familia Michoacana, dirigido por Raybel Jacobo de Almonte, la población decidió enfrentarlo. El secuestro del ingeniero Isauro Paz Duque detonó el levantamiento comunitario, que en represalia tomó de rehén a la mamá de Raybel y a otras 23 personas más que supuestamente trabajan de halcones. Se emplazó a El Tequilero por conducto de las redes sociales para que liberara al ingeniero, a cambio de que su mamá quedara fuera de peligro. Las autoridades del estado no tuvieron otra alternativa que negociar la liberación de las dos personas, con las autodefensas y con El Tequilero.
No sólo son seis municipios de Guerrero, de los 50 más inseguros del país, como los tiene clasificados el gobierno federal. De los 81 municipios, sólo nueve de la Montaña y dos de la Costa Chica se mantienen al margen de la disputa por el trasiego de la droga y el control de los corredores carreteros. En estos 70 municipios no son los presidentes municipales ni las corporaciones policiales las que hacen valer la ley. Son los jefes de las bandas criminales. En la región de la Tierra Caliente y zona norte la disputa a muerte la protagonizan Guerreros Unidos, Los Tequileros y La Familia Michoacana. En los 16 municipios de la zona norte y los nueve de la Tierra Caliente han impuesto su poder sanguinario, asesinando y secuestrando masivamente a la población que habita en los lugares donde se encuentran las bandas rivales.
Acapulco es el centro neurálgico del narcopoder, donde también están involucrados elementos policiales, miembros del Ejército y la Marina. Los asesinatos de varios agentes del estado, no sólo en Acapulco, sino en Chilapa, Zihuatanejo y Tierra Caliente, dejan entrever el entramado delincuencial que existe con el crimen organizado.
Son los familiares de los desaparecidos y asesinados de Iguala, Chilpancingo y Acapulco los que se han armado de valor para denunciar esta violencia, cargando sobre sus espaldas la búsqueda de sus hijos. Por su parte, las familias desplazadas de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Acapulco, Atoyac, Zitlala, Chilapa y Tierra Colorada sufren en silencio el desarraigo, la precariedad económica, el desprecio de las autoridades y el temor de que los grupos de la delincuencia las asesinen.
El cinturón minero es parte de la disputa territorial por las empresas. Los mismos grupos de la delincuencia han obligado a los empresarios a negociar la cuota y los servicios que pueden prestar. En Arcelia, las minas de campo Morado y minerales Temixco, así como la Gold Corp en Carrizalillo, saben lo que representa la presencia del crimen organizado en sus espacios de trabajo. También tienen que negociar con ellos.
Lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló en sus dos informes sobre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, acerca de la colusión que existió entre las corporaciones policiales, el Ejército y autoridades civiles con el crimen organizado para perpetrar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no es un hecho aislado, mucho menos circunscrito a un municipio, ni a las policías municipales. Es un problema de fondo, con mucha raíz, que se ha incubado por años. La clase política del estado incorporó a los grupos delincuenciales y los fusionó con las corporaciones policiales y el mismo Ejército, para que se encargaran de aplicar una estrategia de contrainsurgencia. De generar terror en la sociedad para impedir que prosperara la insurgencia civil o armada. Esta ofensiva guerrerista ha transformado a nuestro estado en el botín de guerra para los delincuentes y los mismos gobernantes.
*Director del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan
