El próximo año será complicado para la atención en salud pública, debido al recorte al sector, que afectará en especial al Seguro Popular, explicó la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián (Morena)

Para el próximo año, el presupuesto al sector salud implicará una disminución de 9 mil millones de pesos, respecto de los 132 mil autorizados para 2016. También hay una disminución del gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), explicó.

La atención a la salud en México ha sufrido una privatización silenciosa, hay un fragmentación del IMSS, Issste, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, los hospitales de Pemex y el Seguro Popular, indicó.

En entrevista, refirió que aun cuando este último atiende a 43 por ciento de la población, 20 por ciento de los mexicanos aún no cuenta con atención médica.

Las instituciones de salud han sufrido un proceso de privatización silenciosa, con la subrogación de servicios. Inicialmente porque en efecto no se tenía la infraestructura, pero ahora ya empresas privadas prestan el servicio de hemodiálisis y laboratorios, señaló.

Expuso que en la más reciente encuesta de salarios y hogares, 30 por ciento de las personas con Seguro Popular informaron que se atienden en consultorios y farmacias similares o privados, y ese también es un proceso de privatización.

–¿Hay una intencionalidad en el recorte?

–El gobierno insistirá en la universalización de los derechos de salud, y se trata de definir un paquete básico intercambiable entre instituciones de salud.

“Pero al no existir un sistema integral, con una lógica de atención según el tamaño de la población, la inversión es por zonas, y cuando se habla de la universalización es que al existir un paquete básico, se agregarán otros a partir de la enfermedad del paciente, pero éstos serán ofrecidos por las aseguradoras.

–Si la mayoría de la población vive en pobreza, ¿cómo va a pagar esos seguros?

–No hay una respuesta del gobierno federal a esa pregunta, sólo ve la lógica privatizadora en la que no existe el problema de una población de bajos recursos.

Refirió que la caída en la inversión de nuevos hospitales se ha cubierto con la figura de asociaciones público privadas, aprobado en la pasada legislatura, y la administración del servicio se entrega a las empresas en contratos de 20 a 30 años.

Existe nepotismo y complicidad. El hospital regional de Mérida se lo otorgaron, sin licitación, a Hipólito Gerard Rivera, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Otro hospital, en Zumpango, se lo entregaron a una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú. Es un negocio del gobierno y su red de amigos, sostuvo.

–¿Es un modelo que va en contra de la tendencia mundial?

–Así es, y las personas enfrentarán una situación compleja, cuando la escasez de servicios médicos públicos los ponga en la disyuntiva entre salvar a un familiar o pasar hambre.

Vamos a un esquema sin seguridad social o cobertura efectiva, que nos lleva a un panorama de una población envejecida y enferma, mientras se desperdicia una cantidad incalculable de dinero por los sobreprecios de los medicamentos.

–¿Estamos ante el declive de la política pública de salud?

–La reforma laboral permite la flexibilidad laboral y ello deriva en menor cobertura a los trabajadores, y el gobierno impulsa medidas que ponen en riesgo la viabilidad de la seguridad social.