Montevideo.

El general Gregorio Álvarez, el último presidente de facto de la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, murió este miércoles de una afección cardiaca a los 91 años. En una cárcel de esta capital cumplía una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos.

Hijo de un general, Álvarez realizó una carrera militar fulgurante. A los 39 años ya era coronel de caballería y a los 45 alcanzó el grado de general. En 1971, cuando Uruguay se encontraba inmerso en un clima de violencia política, el grupo guerrillero Tupamaros buscaba derribar por las armas a la debilitada democracia para instaurar un régimen pro cubano y grupos paramilitares de derecha mataban a los militantes de izquierda.

Álvarez participó en el combate a los Tupamaros, que fueron derrotados por el ejército en 1972. Para 1973, el general ya era uno de los cabecillas del movimiento militar que disolvió el Parlamento e impuso una dictadura con el pretexto de terminar con la violencia política.

Alcanzó el grado máximo de teniente general y en 1978 llegó a la comandancia del ejército. Poco después desbarató un complot de sectores militares que se resistían a su figura.

Fue condecorado por los presidentes de facto de Argentina, Rafael Videla, y de Chile, Augusto Pinochet. En 1981 la Junta de Generales, en una decisión dividida, lo eligió presidente de Uruguay. Hasta ese momento la dictadura sólo había tenido presidentes civiles en un intento por mejorar su imagen.

A partir de 1982, Álvarez condujo tensas y prolongadas negociaciones con sectores políticos para permitir la vuelta de la democracia. Durante las negociaciones no dudó en censurar a los medios de prensa y encarcelar a dirigentes políticos. Sus apariciones en cadenas de televisión defendiendo al régimen solían ser respondidas por la ciudadanía con masivas protestas.

A finales de 1984 aceptó que se realizaran elecciones nacionales para elegir democráticamente a un presidente. El principal líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira, su acérrimo enemigo, no pudo ser candidato porque estaba preso.

Para no ser él quien entregara la banda presidencial a Julio María Sanguinetti, candidato ganador, del Partido Colorado, renunció a la presidencia 15 días antes del traspaso de mando y dejó en su lugar al entonces titular de la Suprema Corte de Justicia.

Durante su presidencia cientos de presos políticos fueron torturados, algunos murieron en los cuarteles y otros fueron desaparecidos. En 2009 la justicia lo condenó a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el traslado de 37 uruguayos detenidos en Argentina en 1978, que luego fueron ultimados o desaparecidos en territorio uruguayo.

Fue puesto en prisión en una cárcel de Montevideo donde están alojados los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.