Sociedad y Justicia
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Procuradurías, obligadas a mejorar la integración de averiguaciones por esos actos

Exigen diputados a gobiernos estatales proteger a víctimas de intolerancia religiosa

Ese tipo de conflictos van acompañados de intereses políticos y económicos: Martínez Veloz

 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de diciembre de 2016, p. 30

El incremento de actos de intolerancia religiosa en diversas regiones del país ocasionó que la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados pidiera a los gobiernos de las entidades federativas proteger eficazmente a las personas expulsadas de sus comunidades e instruir a sus procuradurías o fiscalías sobre la debida integración de averiguaciones previas por dichos actos.

Tambén se contempla en el exhorto que la Secretaría de Desarrollo Social cumpla con el contenido del acta de acuerdos del 7 de enero de 2015 en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.

Sobre el particular, el comisionado para los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, expuso que en los municipios donde han ocurrido conflictos de carácter religioso éstos van acompañados de intereses políticos y económicos.

En este contexto es muy importante que los partidos políticos entiendan que no se puede pugnar por introducir figuras políticas en circunstancias religiosas. Los pueblos saben procesar y construir acuerdos. Muchos conflictos que existen en las comunidades, cuando se presentan en el terreno estrictamente religioso, se pueden superar sin tanta tensión. Los problemas se agravan cuando partidos políticos u organizaciones regionales utilizan esas diferencias con motivos político-electorales o de impulso de proyectos que excluyen a los pueblos.

El funcionario expresó que es necesario reconocer el viejo anhelo de muchos pueblos indígenas de México de que se les permita definir sus autoridades mediantes sistemas normativos propios.

Ello está contemplado en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Lo que ha sucedido en los municipios de Chamula, Chenaló y Oxchuc demuestra que la presencia de los partidos políticos no ha sido precisamente la mejor forma para que esos pueblos consoliden sus estructuras internas de gobierno, que permitan a los municipios desarrollar sus actividades con los niveles de certidumbre que estos pueblos reclaman.