La Cámara de Diputados exhor- tó al Ejecutivo federal, a que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros emprendan acciones concretas que garanticen que los bienes, activos y cuentas banca- rias de los mexicanos que radican en Estados Unidos sean entregados a sus legítimos propietarios, ante la eventualidad de que sean deportados a territorio nacional.

Tales medidas, recomendadas por el Poder Legisaltivo, se extenderán a connacionales que decidan regresar a nuestro país y que al llegar sus bienes no sean disminuidos por aranceles, impuesto sobre la renta, contribuciones o comisiones por las operaciones financieras que sean indispensables para hacer líquidos los recursos.

Los grupos parlamentarios consideran que el Ejecutivo federal deberá establecer un programa transversal en las secretarías de Estado y demás dependencias o entidades, que en el ámbito de sus competencias permita tomar, entre otras, las siguientes acciones: informar, mediante canales de comunicación pertinentes, los derechos que tienen los migrantes por radicar en Estados Unidos.

Reforzar la acción y presencia de los consulados mexicanos para apoyar, orientar y asesorar a los connacionales en los procedimientos legales para el traslado de sus menajes de casa, el pa- go de créditos, venta de tipos de activos, cierre de cuentas o transferencia de recursos, con el propósito de que su patrimonio no sufra quebrantos cuando los mexicanos sean deportados o regresen por voluntad propia.

Implementar una resolución miscelánea a fin de dejar exentos de cualquier impuesto, derecho o arancel con motivo del ingreso de recursos provenientes de cuentas en bancos de Estados Unidos, cuando internen sus bienes, activos y recursos obtenidos por mexicanos que decidan regresar al país o sean deportados.

Informar y ayudar a los connacionales respecto del mecanismo de liquidación de créditos que tengan abiertos en Estados Unidos, así como para la recuperación de recursos pagados por créditos hipotecarios.

Establecer con la banca que opera en México un trato especial para estos casos, a fin de evitar el cobro de comisiones por las operaciones de cobro de cheques o transferencias que realicen los connacionales que decidan regresar o que sean deportados al territorio nacional.

Así, el órgano legislativo otorgó un plazo de 90 días, a las dependencias citadas, para que informen el resultado de las acciones que para entonces emprendieron, para proteger a los mexicanos en Estados Unidos.