Zacatecas, Zac.

Decenas de integrantes de distintas organizaciones sociales protestaron ayer contra la administración de Alejandro Tello Cristerna y una minera, en el edificio A de Ciudad Gobierno y en el centro histórico de esta capital estatal por el desalojo violento de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, el pasado 23 de diciembre.

Pobladores, encabezados por el delegado de Salaverna, Roberto de la Rosa Martínez, se manifestaron junto con dirigentes de los frentes Social por la Soberanía Popular y Popular de Lucha de Zacatecas, así como de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, entre otros.

Cerca de las 11 horas, el grupo llegó al complejo gubernamental de Ciudad Gobierno y se dirigió al edificio A, sede del despacho oficial del gobernador y de la Secretaría General de Gobierno para pedir el retiro de la fuerza pública de Salaverna.

Roberto de la Rosa mostró a funcionarios y reporteros una bandera nacional, rota, sucia y maltrecha, recuperada de entre los escombros de la primaria Vicente Guerrero, que fue demolida con maquinaria pesada cuando funcionarios estatales y uniformados arribaron al sitio para desalojar a 16 familias.

El gobierno, por su parte, explicó que tuvo que usar la fuerza pública porque la vida de los habitantes de Salaverna está en riesgo por una supuesta falla geológica que cruza el subsuelo, justo en el yacimiento cuprífero de la mina Tayahua, que a decir de los manifestantes pertenece al grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, que se ha deslindado de su pertenencia.

De la Rosa señaló que sólo se trata de una argucia oficial para permitir al magnate que su actual mina de cobre Tahayua, cambie su método de explotación, y que se transforme de una mina subterránea a una a tajo abierto, y que ese fue el motivo del desalojo.

Este terrorismo de Estado no es nuevo, afirmó el delegado de Salaverna, quien mencionó que primero ocurrió el 6 de diciembre de 2010, cuando la minera Tayahua realizó una detonación enorme con dinamita en el subsuelo, lo que atemorizó a todo el pueblo.

Después, en 2012, la administración de la mina realizó otra detonación que provocó un hundimiento; 20 familias huyeron.

El pasado 23 de diciembre, durante la incursión violenta, tres familias fueron desalojadas, mientras la primaria y la iglesia resultaron destruidas.

Los uniformados que llegaron no presentaron orden judicial ni respetaron acuerdos previos signados con la comunidad, con el fin de esperar a que se resuelva un litigo agrario que busca reivindicar la propiedad legal de los ejidatarios en ese lugar, manifestó De la Rosa.