El martes 10 de enero se iniciarán las reuniones de trabajo bicamaral para discutir las iniciativas que se han presentado, tanto en el Senado como en San Lázaro, para regular la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, informó ayer el senador panista Roberto Gil Zuarth.

En entrevista, el legislador destacó: hay dos iniciativas presentadas al respecto; una, del diputado priísta César Camacho, y la que yo presenté en el Senado. Para su análisis y discusión no se van a realizar foros, sino reuniones de trabajo.

Explicó el panista: la diferencia es que en los foros escuchas, mientras en los grupos de trabajo se buscan los consensos. La diferencia es: no vamos a escuchar, sino a empezar el proceso de acercamiento para iniciar a la brevedad el dictamen.

Precisamente el día 10 de enero empezaremos a discutir la temática. Ese día se instalarán los grupos de trabajo. Yo he sido convocado para asistir esa fecha al inicio de los trabajos, ahí se definirá la metodología y la interacción que necesitamos con las fuerzas armadas, con la sociedad civil, y con cualquier interesado en el tema para robustecer el análisis de esta importantísima iniciativa para construir el marco jurídico que las fuerzas armadas requieren para participar en tareas de seguridad interior.

El formato de los trabajos lo van a decidir los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras. Creo que conforme vayamos recibiendo las opiniones de los expertos, de las organizaciones civiles y académicas sobre las propuestas a debate se decidirá cuál será la cámara de origen.

Gil Zuarth insistió en que no se requiere de una reforma constitucional para dar marco jurídico a las fuerzas armadas para participar en tareas de seguridad pública. La función ya está en la Carta Magna y ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que el Ejército y la Marina podrán participar en tareas de seguridad interna y que serían complementarias y subsidiarias temporales a las tareas que realicen las corporaciones civiles en materia de seguridad.

Agregó: las fuerzas armadas están en la calle por una necesidad, pero también porque la SCJN ha reconocido que el Presidente de la República tiene la facultad para disponer de las fuerzas armadas permanentes para contener un determinado riesgo y evitar ese riesgo o amenaza sea tal que ponga en riesgo nuestra convivencia.

Gil Zuarth refirió: “en mi iniciativa, que presenté a finales de septiembre en el Senado, hay fecha y ruta de salida, es decir, el retorno a los cuarteles. Ningún militar podrá estar en las calles a menos que el Presidente emita una orden ejecutiva, debidamente fundada y motivada, y nos diga con claridad cuáles son los objetivos, la temporalidad y las tareas, si no se emite esa orden –insistió–, los militares no estarían lícitamente desplegados en las calles”.

–En su iniciativa de ley, usted habla de un plazo de 180 días para que los militares estén en la calle realizando tareas se seguridad interior.

–Sí, prorrogable otros 180 días. Cada militar que esté en la calle debe estar bajo una orden ejecutiva que lo habilite para actuar en tareas de seguridad interior. Si no se emite la orden no estará en la calle. Supongamos que entra en vigor la ley –mi iniciativa–, si el Presidente de la República sólo emite una orden ejecutiva para Tamaulipas, los militares y marinos que estén en otras entidades como Guerrero, Michoacán, estado de México o Baja California tendrán que regresar a sus cuarteles.

Gil Zuarth detalló: esperaríamos que con la entrada en vigor de esta ley el Ejecutivo razone públicamente y se someta a ciertos controles y al mismo tiempo racionalizar el estado de fuerza del Ejército y de la Armada de México para desplegarse en el país. Es una suerte de solución para que los militares retornen a sus cuarteles.