La persistencia de las condiciones que facilitan el delito de tortura se debe a que las autoridades mexicanas no sólo no están interesadas en erradicar dicha práctica, sino que quieren seguirla utilizando para fabricar culpables e intimidar a los movimientos sociales, consideraron activistas especializados en el tema.

Luego de que un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en prevención de la tortura entregara un informe donde concluye que los malos tratos siguen ocurriendo en el país debido a la falta de castigo a los perpetradores, la luchadora social Edith Escareño afirmó que el gobierno simplemente no tiene voluntad política para acabar con este fenómeno.

La tortura para este gobierno es un método de investigación 'privilegiado'. La usan todas las corporaciones de seguridad e instancias donde las personas se encuentran privadas de la libertad, y también se usa para criminalizar movimientos sociales, puntualizó la directora del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Aunque coincidió con el informe de los expertos de la ONU, Escareño dudó que las recomendaciones vayan a tener algún eco, porque no son uno o dos policías quienes de forma aislada torturan a los detenidos, sino que la estructura completa la permite y tolera.

Hay una intencionalidad para que esto se mantenga como forma de 'investigación' y de control social. Las recomendaciones de los organismos internacionales se repiten, pero nunca se obedecen y en México tienes que seguir probando que eres inocente, mientras el gobierno se encarga de probar que eres culpable, lamentó.

Por su parte, Javier Monroy, director del Taller de Desarrollo Comunitario, señaló que las autoridades no hacen nada para acabar con la tortura porque son ellas las principales ejecutoras y encubridoras de ese crimen.

No creemos que esté rebasado o que sea un Estado fallido: el gobierno es el principal responsable de que la tortura se mantenga en México como una forma de contención de la lucha social y una herramienta para 'fabricar' culpables de delitos que cometieron otros, recalcó.

Lo más preocupante, señaló, es que la incidencia real de las organizaciones internacionales de derechos humanos es mínima, el gobierno da trámite a sus recomendaciones, pero no las cumple. Las autoridades siempre tienen forma de aparentar preocupación, al tiempo que la impunidad crece.