Tijuana, BC.

El regidor panista de esta ciudad, Luis Torres Santillán, compareció el miércoles ante la Corte Superior de San Diego, California, donde fue rechazada su petición de reducirle la fianza, fijada en cinco millones de dólares, para seguir en libertad un proceso por al menos 10 cargos de lavado de dinero, como parte de una investigación de casi un año que involucra a otras 11 personas que ya están detenidas.

Su abogado, Anthony Colombo, negó que su cliente sea culpable y agregó que es de una familia reconocida dedicada al empacado de granos y semillas con la empresa Diamod, fundada hace casi 50 años, la cual genera recursos y realiza operaciones en ambos lados de la frontera.

Anthony Colombo ha defendido a integrantes del grupo criminal de los hermanos Arellano Félix y, según fuentes de la Fiscalía de San Diego, no cobra poco por sus servicios.

Torres Santillán fue detenido en la frontera cuando acudió a una cita con autoridades estadunidenses a revisar un problema con el pase Sentri de cruce rápido a Estados Unidos, dijo el asesor legal, quien negó que exista alguna relación laboral o empresarial con el inversionista Fernando Beltrán, cercano al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid.

Otros dos involucrados son Karla Verena Lamas y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo de un ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, a quienes se les redujo la fianza de un millón a 50 mil dólares, en tanto que al resto de los detenidos se les mantuvieron los mismos montos de caución (de uno a cinco millones de dólares) y tendrán que esperar en prisión hasta la audiencia del 3 de enero próximo.

John Dunn, uno de los dos fiscales que están a cargo del caso de lavado de dinero, confirmó que existen 21 cargos contra los 12 tijuanenses por diversos delitos, y explicó que Luis Torres podría enfrentar una pena hasta de 15 años de prisión si se le confirmaran las acusaciones en su contra.

A los involucrados se les acusa de blanquear dinero que llevaban a San Diego, por medio de depósitos bancarios y transacciones en casas de cambio, después de lo cual regresaban a Baja California.

En tanto, la Coparmex sostuvo ayer que las autoridades no tienen elementos de prueba de las acusaciones que se imputan a sus asociados ni a los familiares de éstos En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Gilberto Fimbres Hernández, confirmó que Torres fue consejero del organismo patronal, y el parentesco de dos de los detenidos con un ex dirigente empresarial.

Fimbres afirmó: Apoyamos y apoyaremos a las personas que, pudiendo ser inocentes, son mencionados en documentos o procesos que en su momento fueron considerados de buena fe, o simplemente fueron utilizados.