La eventual aprobación de la ley reglamentaria para declarar el estado de excepción y de un marco jurídico para que las fuerzas armadas sigan realizando tareas de seguridad pública son herramientas que buscan criminalizar los movimientos sociales para reprimirlos con mayor facilidad sin que las fuerzas del orden puedan ser acusadas de violar los derechos humanos.

Así advirtió Raymundo Díaz, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quien subrayó que la falta de castigo a los militares responsables de violaciones a las garantías básicas es una práctica que continuará si se aprueban ambas modificaciones legales.

Estas leyes tienen que ver con abrir la puerta a más violaciones de derechos humanos y a asegurar la impunidad de las mismas, lo cual nos preocupa mucho, porque de por sí esto ya ocurre, afirmó el activista.

El argumento de utilizar las fuerzas armadas para patrullar las calles, porque los cuerpos policiacos están rebasados, consideró, forma parte de las mismas políticas neoliberales de abandono del sector público, en esta ocasión para tener un pretexto que obligue a las fuerzas armadas a hacer una labor que no les corresponde.

En el caso de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que permitiría declarar el estado de excepción cuando exista un riesgo extraordinario para la seguridad del país, la redacción es intencionalmente ambigua para dejar en manos de ciertas autoridades la decisión de lo que es una posible amenaza, aseveró Raymundo Díaz.

Hay definiciones muy poco claras, palabras que quedan a la interpretación de quien tenga la ley en la mano, y eso puede hacer que quienes se opongan a proyectos de minería, por ejemplo, se les acuse de alterar el orden interno del país, o a quienes luchan por defender sus tierras o por tener un salario digno, alertó.